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SUSCRIBITEEl Ejecutivo denunció un uso político de los audios que revelan presuntas coimas en ANDIS, sin descartar su veracidad, y tomó medidas como el despido del ex titular del organismo mientras la Justicia avanza en la investigación.
El Gobierno nacional respondió al escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) denunciando una posible “utilización política” de los audios que revelaron un presunto mecanismo de corrupción en la administración de Javier Milei. Los registros, difundidos en los últimos días, habrían sido grabados en el marco del funcionamiento interno del organismo y contienen referencias a supuestos pagos ilegales a funcionarios de alto rango.
Aunque el Ejecutivo no calificó los contenidos como falsos, denunció que su difusión podría estar motivada por intereses partidarios y con fines electorales, en un contexto de proximidad de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. La filtración, que ya generó allanamientos y la intervención del área de Discapacidad, encendió un debate sobre la autenticidad de los audios y la posible responsabilidad de las máximas autoridades del Gobierno.
La estrategia comunicacional del oficialismo, liderada por el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, consiste en mantener un perfil bajo hasta que avance la investigación judicial. Por el momento, la única medida concreta tomada por el Ejecutivo fue el despido del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y del director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, Daniel María Garbellini. Ambos se encuentran en el centro de la pesquisa, que también involucra a Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano al Gobierno.
Guillermo Francos fue el único alto funcionario autorizado para hablar públicamente, al señalar en radio Mitre que el caso podría responder a una “maniobra política” y que existía un aprovechamiento partidario de los audios, según manifestó Infobae. Otros dirigentes de segunda línea, como Florencia Arietto, y figuras cercanas al oficialismo también dejaron entrever dudas sobre el momento y la forma en que se difundieron los registros, vinculándolo con la cercanía de los comicios.
Desde la Casa Rosada aclararon que no se pone en duda la autenticidad de los audios y que la línea oficial es limitarse a denunciar un uso político del caso. Fuentes del Gobierno señalaron que cualquier decisión futura estará supeditada al avance de la investigación a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, luego de la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon, que señala presuntas coimas del 8% a droguerías, con un 3% destinado a altas autoridades del Ejecutivo.
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