Los mensajes de WhatsApp entre técnicos, directores y personal de mantenimiento del Laboratorio Ramallo SA y HLB Pharma Group SA exponen el detrás de escena de una de las causas sanitarias más graves de los últimos años: la fabricación y distribución de fentanilo adulterado, asociado a la muerte de 96 pacientes.
Las conversaciones forman parte de la acusación presentada por la Fiscalía Federal 1 de La Plata, a cargo de Laura Roteta, y revelan irregularidades extremas en los procesos de producción, almacenamiento y control de medicamentos. También muestran que los responsables conocían con anticipación las inspecciones del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de ANMAT.
Riesgo de explosión y reactivos vencidos
En un intercambio fechado el 8 de marzo de 2025, un empleado advierte: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, al referirse a químicos almacenados a la intemperie, bajo sol y lluvia, ocultos antes de una visita de la autoridad regulatoria. Las imágenes incorporadas a la causa muestran frascos y solventes abandonados en patios descubiertos.
Otro mensaje resume el nivel de improvisación:
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“Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.
“¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.
“Y el sol que estuvo haciendo”.
A la par, el personal discutía cómo pintar paredes y pisos deteriorados antes de las inspecciones: “El piso está descascarado, hay que pintar todo”.
Documentación “dibujada”
En los diálogos también quedó en evidencia la manipulación posterior de registros y batch records. El 26 de diciembre de 2024, apenas ocho días después de fabricarse el lote contaminado 31202, uno de los imputados reconocía:
“Ya todos sabían que esa producción se hizo en el aire con respecto a lo documental. Hay que armar todo de cero entre todos los involucrados”. “Ya todos sabían que esa producción se hizo en el aire con respecto a lo documental. Hay que armar todo de cero entre todos los involucrados”.
Las conversaciones reflejan la elaboración retroactiva de documentación, con la finalidad de cubrir los vacíos en la trazabilidad del proceso.
La acusación fiscal
El expediente judicial señala que los imputados:
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Intervinieron en la producción y comercialización de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo adulterado.
Ignoraron alertas de ANMAT e INAME sobre fallas graves.
No ejecutaron el retiro del mercado pese a la orden expresa.
Usaron sellos oficiales sin justificación.
Manipularon documentación y falsificaron firmas.
Produjeron medicamentos en condiciones críticas de asepsia, lo que derivó en la presencia de bacterias multirresistentes como klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola y ralstonia mannitolilytica.
El escándalo y sus secuelas
Cuando el Hospital Italiano de La Plata denunció los primeros casos de muertes vinculadas al fentanilo en diciembre de 2024, el chat de empleados volvió a encenderse. “Nadie entiende nada… puede ser real la contaminación tal como pasan en noticias”, escribió uno de ellos.
Lejos de frenar, los directivos instruían cómo ocultar solventes antes de reuniones con ANMAT o incluso sugerían retomar producción con ampollas plásticas no autorizadas, etiquetadas con números de lote viejos.
En mayo de 2024, meses antes de que estallara el caso, un farmacéutico ya había advertido en los chats: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”.
Ese “algo grave” llegó: 96 personas murieron y la Justicia avanza con la imputación de diez detenidos, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro y directivos técnicos del grupo.