El 16 de abril del 2024 se viralizó un video en la sede del Instituto Patria, en el que se puede ver a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la senadora de La Cámpora Celeste Giménez y al ahora preso Ariel García Furfaro, acusado de vender fentanilo contaminado y ocasionar la muerte de 96 pacientes en distintos hospitales del país. El ida y vuelta con la legisladora sanjuanina dio vuelta el país. Es que ese día Cristina se paró al lado de la legisladora, que iba con su hijo pequeño, y hubo un divertido ida y vuelta. Nadie iba a imaginar que poco más de un año después ese registro iba a ser parte del entramado de conexiones políticas que le endilgan a García Furfaro, hoy en el Penal de Ezeiza.
El video que la ex Presidenta subió a su cuenta de TikTok la muestra ingresando a la sede del Instituto Patria. Allí, en primer plano, un mano a mano con Giménez, quien venía de haber votado en el Congreso en contra de un DNU mileísta que desregulaba las prepagas. Atrás se lo puede ver a García Furfano, propietario de la gigante farmacéutica HLB Pharma, compañía que está en la mira por la venta de fentanilo contaminado. Es más, el cruce entre CFK y el empresario fue fotografiado y es esa postal la que recorre los portales nacionales.
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“A Cristina la admiro. Era una ídola –para mi papá-. A Cristina la admiro, es Da Vinci”, dijo García Furfaro sobre la ex mandataria. El empresario le dijo a Infobae que la reunión en el Instituto Patria de abril del año pasado fue organizada por Andrés Quinteros, un ex empleado y apoderado del laboratorio para algunos trámites, y con quien ahora están distanciados. De hecho, Quinteros lo denunció por amenazarlo de muerte y García Furfaro afirmó que es un “agente de inteligencia, un servicio” que lo sigue a sol y sombra y el responsable de sabotear la producción de fentanilo.
Ariel García Furfaro inició su camino en el mundo comercial desde un pequeño local familiar. En 2012, la verdulería de su padre en la avenida Carabobo al 600, en Flores, se transformó en una cadena bajo el nombre Colina, un guiño que remitía a la agrupación de Alicia Kirchner, aunque sin la “K”. El negocio ganó notoriedad con un cartel que prometía “Precios más bajos que el INDEC”. La titular formal de la sociedad era su madre, Nilda Furfaro, jubilada de casi 70 años, quien anoche también fue detenida en su departamento de Caballito por figurar como accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma.
La verdulería Colina sigue funcionando con normalidad y hasta ayer contaba con la presencia de Diego, el hermano menor de Ariel, atendiendo entre papas y batatas. Pero la actividad cotidiana se interrumpió cuando las fuerzas federales detuvieron a Diego y también a Damián, otro de los hermanos. Según constató el juez de la causa, los tres integraban la estructura que manejaba las operaciones de los laboratorios investigados.
HLB Pharma Group SA logró consolidarse como uno de los principales proveedores de medicamentos de administraciones provinciales en todo el país, además de intendencias bonaerenses de distintos signos políticos. Aunque García Furfaro había tenido cierta visibilidad cuando irrumpió en el mercado de frutas y verduras con precios populares, su nombre ganó notoriedad pública en 2020, al integrar la delegación oficial del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández que viajó a Rusia para traer al país la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
De acuerdo al propio relato de García Furfaro, durante las negociaciones con funcionarios argentinos —entre ellos Carla Vizzotti, que luego sería ministra de Salud tras la salida de Ginés González García por el escándalo del “vacunatorio VIP”—, HLB Pharma estaba llamado a ser el distribuidor de al menos 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, la operación nunca se concretó. García Furfaro asegura que fue víctima de un fraude y llegó a denunciar a González García en la Justicia. Otras versiones, en cambio, sostienen que el verdadero motivo fue que en Moscú rechazaron su participación por sus antecedentes penales y porque la ANMAT ya había iniciado, durante la gestión de Mauricio Macri, expedientes por “desvío de calidad” en medicamentos producidos por sus laboratorios, que iban desde agua destilada hasta ibuprofeno y propofol.
Cabe recordar que el 3 de septiembre de 2002, García Furfaro fue alojado en la Unidad Penal N° 9 de La Plata, condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, tras atacar a Rafael Francisco Lupa Cayo, empleado de uno de sus restaurantes. Según la sentencia, lo roció con alcohol y le prendió fuego. La víctima logró sobrevivir, aunque con quemaduras en el 65% de su cuerpo. Durante su encierro estudió Derecho y obtuvo el título de abogado. Cuatro años después del ingreso a la cárcel, accedió a la libertad.
El 13 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición de la producción de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y prohibió el uso en el sistema de salud del fentanilo fabricado por las empresas vinculadas a Ariel García Furfaro. Ese mismo día, el Ministerio de Salud de la Nación —que conduce Mario Lugones— informó que se habían detectado más de 540.000 ampollas de fentanilo distribuidas en 16 provincias, con Santa Fe (302.000), Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000) entre las jurisdicciones más abastecidas. El caso pasó meses siendo tratado por los medios de comunicación tras las denuncias realizadas por los directivos de los nosocomios afectados hasta que finalmente fue tomado por las autoridades gubernamentales.
El empresario Ariel García Furfaro ya había sido procesado por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, acusado de participar en al menos cinco operaciones de contrabando de mercadería proveniente de China a través de las firmas HLB Pharma y Alfarma SRL. Según la denuncia de la Aduana, esas maniobras se realizaron entre marzo y agosto de 2022, mediante documentación apócrifa.
La operatoria denunciada alcanzó un monto de U$D 5.040.000, aunque ante las autoridades chinas solo se declararon U$D 555.920, lo que arrojó una diferencia de U$D 4.484.080. En términos prácticos, se trató de una sobrefacturación cercana al 1.000%.
Por estas irregularidades, Yadarola procesó a Furfaro como coautor de contrabando, sin prisión preventiva, y le trabó un embargo de 25.000 millones de pesos. En la misma resolución también resultó procesada y embargada Olga Luisa Arena, abuela del empresario y presidenta de una de las sociedades.
A la par, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a HLB Pharma Group por presunto lavado de dinero, en el marco de la infracción al artículo 303 inciso 1 del Código Penal. En este nuevo capítulo de la causa, el juez federal Ernesto Kreplak comenzó a tomar declaración indagatoria a los detenidos. “Estamos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, advirtió la fiscal María Laura Roteta en el dictamen en el que solicitó las detenciones, y subrayó que “la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada”.
