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SUSCRIBITEEs un comerciante que cobró 2.500 dólares y, después del reclamo de los compradores, no quiso devolver el dinero. Lo denunciaron y no tuvo más alternativa que arreglar.
El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Un comerciante pocitano fue llevado a la Justicia y deberá devolver la cifra millonaria que cobró por la venta de la llave de una pizzería y lomoteca que no contaba con habilitación para funcionar. Las compradoras lo denunciaron por presunta estafa y él se negaba a restituirles el dinero, de modo que lo terminaron denunciando por estafa.
El comerciante es un tal Santiago Martín Ariza, de La Rinconada, quien en enero pasado puso a la venta la llave de una pizzería y lomoteca ubicada en Aberastain y Furque, en Villa Aberastain, Pocito. En aquel entonces, dos mujeres interesadas en reabrir el negocio tomaron contacto y cerraron un contrato por 6 millones de pesos por la llave y 250 mil pesos por mes de alquiler.
El 17 de febrero pasado, las compradoras entregaron 2.500 dólares —que al cambio actual son 3.250.000 pesos— como primer pago y tomaron posesión del local comercial. Sin embargo, cuando iniciaron los trámites municipales para reabrir el negocio, se encontraron con que el edificio no contaba con habilitación y tampoco tenían el plano de la instalación eléctrica.
Esto lo sabía el propietario; aun así, vendió el negocio. Y, ante la imposibilidad de poder trabajar, las mujeres le exigieron que les devolviera la plata y anulara el contrato. Ahí se encontraron con la resistencia de Ariza, quien se negó a devolverles el dinero e hizo caso omiso a todos los reclamos, según fuentes judiciales.
A fines de febrero, las damnificadas radicaron la denuncia ante el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La causa penal avanzó y el comerciante finalmente entró en la cuenta de que se le venían serios problemas, por lo que, a través de su abogada defensora, negoció un arreglo.
Esta semana realizaron una audiencia ante el juez de Garantías Javier Figuerola para formalizar la causa, pero pactaron una salida al conflicto para frenar la causa. A través de las conversaciones con el fiscal, el personal de la Unidad de Soluciones Alternativas y los abogados querellantes Federico Victoria y Martín Zuleta llegaron a un acuerdo: el comerciante Santiago Ariza se comprometió a restituirles los 2.500 dólares que pagaron las denunciantes, en seis pagos de 417 dólares o su equivalente en moneda nacional. De hecho, ya adelantó dos cuotas.