Sturzenegger trató de "casta" al presidente de la Cámara de Comercio

Ante el sorpresivo exabrupto del ministro, el titular de la CAC, una de las entidades anfitrionas del evento, le respondió con una esperable respuesta negativa. “Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja”, le dedicó luego el ministro. “Bueno, estamos en democracia”, fue la última frase de Grinman antes de dar por finalizado el cruce y ser interrumpido por aplausos por parte del auditorio de empresarios.

Ante los medios, Grinman explicó: “Ni la CAC ni yo nos sentimos aludidos con que nos llame ‘casta’. La Cámara Argentina de Comercio es una entidad con más de 100 años de trayectoria, con un prestigio enorme y que ha tenido grandes dirigentes. El ministro Sturzenegger dirá lo que quiera, está en su derecho, tal como le dije: estamos en democracia. No hay ningún motivo para enojarse”.

Grinman señaló que, “nobleza obliga”, antes de salir al escenario a dar su discurso Sturzenegger le dijo en una sala privada que le iba a hacer ese pedido. “Le reiteré que la CAC no pidió ninguna cautelar, que lo hizo el Inacap, que trabaja para 500 cámaras de todo el país, no es una decisión nuestra. Y le dije: vos hacé tu trabajo, que yo haré el mío”.

Según explicó el titular de la CAC, “existe una confusión” al atribuirle a la CAC la acción judicial ya que el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio no es una cámara empresarial sino que está dedicado a la capacitación, tiene vida propia, personería jurídica y cumple “una función fundamental que es la de capacitar a entidades empresariales de todo el país para su fortalecimiento institucional”.

“El ministro se equivoca en el enfoque. La última vez que había hablado con él ya se lo expliqué. Existen otros 30 o 35 institutos similares en otros sectores empresarios. El Inacap no tuvo otra opción que recurrir a la justicia porque según su estatuto tiene objetivos que cumplir y con el decreto 149 eso no será posible”, señaló Grinman.

El pedido del ministro

Sturzenegger había arrancado su participación en el escenario del Hotel Alvear Palace: “Cuando recordaba este tema de usar la justicia para no pagar impuestos, es importante que el resto de las organizaciones no usen la justicia para mantener sus privilegios”.

“Hace unos meses emitimos un decreto que prohíbe que los convenios colectivos pongan una suerte de impuesto privado que obligue los socios a hacer aportes, en este caso a las cámaras. Inacap, de la que la Cámara de Comercio es parte, hizo una presentación en la justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal. Mario (Grinman) te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar”, dijo el funcionario desregulador.

“La mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con un esquema de aportes voluntarios, la construcción, Adeba (bancos), la Sociedad Rural. No hay que usar la justicia para que tus afiliados hagan un aporte obligatorio que entiendo que nadie quiere pagar”, continuó el funcionario.

En marzo, el Gobierno dispuso la eliminación de aportes obligatorios que las empresas debían realizar a cámaras empresariales, aunque no estuvieran afiliadas a ellas, a través de cláusulas incorporadas en convenios colectivos. Según el decreto149/2025, estas organizaciones ya no podrán imponer “aportaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores” a empresas no asociadas, salvo que estas lo acepten de forma voluntaria.

Uno de los ejemplos más difundidos es el aporte al Inacap, que desde 2008 cobraba un 0,5% del salario inicial de trabajadores amparados por el convenio mercantil, incluso si la empresa no estaba afiliada. En marzo, ese aporte equivalía a unos $4.725 por empleado, lo que generaba un flujo de recursos estimado en $5.600 millones mensuales o casi $70.000 millones al año. Con el decreto, esos pagos pasan a ser voluntarios.

La medida fue justificada por el Ejecutivo como una corrección necesaria ya que ese sistema de aportes carecía de sustento normativo y vulneraba principios como la libertad de asociación. En palabras del Gobierno, no corresponde que convenios colectivos obliguen a empresas a financiar entidades de las cuales no son parte. Además, se estableció que el Ministerio de Trabajo no homologará nuevos convenios que incluyan este tipo de cláusulas.