Con la vendimia a punto de comenzar y un escenario difícil y crítico, referentes de las tres entidades viñateras sanjuaninas le expusieron al gobierno la situación del sector y le pidieron medidas urgentes para la cosecha. Algunas al alcance de la provincia, otras de índole nacional.
El encuentro fue a puertas cerradas ayer en Casa de Gobierno. El gobernador Marcelo Orrego fue el anfitrión junto al ministro de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Allí fueron los referentes de Viñateros lndependientes, la Federacion y la Mesa Vitícola.
Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la combinación de precios bajos de la uva, inflación acumulada y falta de financiamiento accesible pone en riesgo la cosecha 2026.
En ese marco, los planteos se ordenaron en tres ejes centrales: mejorar los precios que recibe el productor, garantizar financiamiento rápido y accesible para levantar la uva y una mayor intervención del Estado para evitar que las bodegas no abran y la uva quede colgada.
Precios atrasados y sin financiamiento
Alejandro Pons, tesorero de la Federación de Viñateros, planteó el drama de los precios del kilo de uva, que son similares a los del 2025 y 2024, frente a una inflación que acumuló cerca del 120% en los últimos dos años.
Dijo que la uva común que el año pasado se pagaba entre 210 y 220 pesos por kilo, este año se ofrece entre 190 y 200 pesos, mientras que las uvas tintas pasaron de valores cercanos a los 350 pesos a unos 290. “En muchos casos, no dan los números ni siquiera para levantar la uva”, advirtió.
Pons también apuntó contra el sector mostero, al señalar que, pese a que el dólar pasó de 750 a más de 1.400 pesos, las empresas pretenden pagar el mismo valor por kilo que el año pasado, sin reflejar el tipo de cambio al que exportan.
A esto se suma la falta de anticipos para cosecha y acarreo por parte de muchas bodegas, incluso cooperativas, lo que impide a los productores afrontar los costos básicos. “Muchas fincas se están abandonando, ni siquiera las abonan”, alertó.
En cuanto al vínculo con el Gobierno, Pons indicó que la Federación venía solicitando reuniones desde diciembre y que recién fueron convocados luego de que se manifestó el malestar en una asamblea de viñateros convocada el lunes pasado. Según relató, el gobernador planteó la posibilidad de avanzar en gestiones conjuntas con Mendoza y las cámaras del mosto para intentar mejorar las condiciones de precio.
Bono fiscal y críticas a la desregulación
Por su parte, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, centró su exposición en los efectos negativos de la desregulación del sector vitivinícola. Cuestionó especialmente la pérdida de facultades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y reclamó que se restituya su rol de control.
También criticó que se haya anticipado la fecha de liberación de vinos a marzo. Sostuvo que, de haberse mantenido la fecha histórica de junio, los precios podrían haber acompañado la inflación y ubicarse en torno a los 475 pesos por kilo, en lugar de los valores actuales. En ese sentido, propuso postergar la liberación hasta agosto para dar mayor margen de negociación a los productores.
Además, señaló el atraso cambiario y la caída del consumo interno como factores que profundizan la crisis, y denunció un “abuso” hacia el productor. Por eso como medida concreta, propuso la creación de un bono de aproximadamente 50 pesos por kilo de uva destinada a mosto o a vinos de exportación, que funcione como crédito fiscal para el pago de impuestos provinciales. También pidió que los gobiernos de Mendoza y San Juan lleven el reclamo a la Nación.
Créditos urgentes y bodegas abiertas
El presidente de la Mesa Vitícola, Pablo Martín, puso el foco en la necesidad de un “salvataje” inmediato para evitar que las uvas queden colgadas. Advirtió que muchas bodegas evalúan no abrir esta temporada porque los números no cierran, lo que pone en jaque la cosecha.
El principal pedido fue líneas de crédito ágiles para cosecha y acarreo, “con tasas de interés del 0% o lo más cercanas posible a ese nivel”. Señaló que los créditos disponibles desde enero son insuficientes en monto y presentan tasas que no se ajustan a la realidad del productor, además de una burocracia excesiva que dificulta el acceso.
Martín pidió además la intervención del Estado para mediar entre productores e industria y garantizar que las bodegas reciban la uva. También insistió en que se realicen todas las gestiones necesarias para mejorar el precio de la uva destinada a mosto. Si bien reconoció que a la industria no se le puede exigir pagar valores que no puede afrontar, sostuvo que sin apoyo estatal el sistema corre riesgo de colapso.