Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl régimen militar llevó a cabo persecuciones a trabajadores y una política de vaciamiento de empresas públicas, que tiene como caso emblemático a la antigua bodega del Estado.
La dictadura promovió el vaciamiento de la bodega CAVIC.
El lugar donde estaba la fábrica de cemento de blanco en la actualidad.
La dictadura militar no solo cometió crímenes de lesa humanidad, sino que también llevó a cabo políticas que socavaron empresas públicas y emprendimientos productivos. Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan los han calificado como “crímenes económicos” porque no solo abarcan el vaciamiento de compañías estatales y privadas, sino también la persecución a sindicalistas y trabajadores.
Carlos Ureta, integrante del equipo investigador "Territorio, Género y Memoria" del Instituto de Investigación Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, contó a Tiempo de San Juan que en los años 70 la provincia tenía una economía dependiente de la vitivinicultura y en ese momento jugaba un papel primordial la famosa Corporación Agro Vitícola, Industrial y Comercial (CAVIC), la cual regulaba la producción y los precios del vino, protegiendo a los pequeños viñateros frente al monopolio de los grandes bodegueros. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, Ureta expresó que la histórica bodega fue vaciada, lo que facilitó años más tarde su cierre definitivo. “Cuando vienen los militares suceden dos cosas: la intervienen y en dos años la funden”, dijo.
“La quiebra de CAVIC, que el gobierno de la dictadura militar pagó, se la descontó a la provincia de la coparticipación federal durante muchos años”, continuó. Esto promovió su futura desaparición y la concentración del mercado vitivinícola en pocas manos, generando una regresión en la distribución de la riqueza. “A la CAVIC se la destruyó como mecanismo regulador. De esta manera, se cumplió con la principal reivindicación de los bodegueros: que no hubiera un organismo que les complicara la vida”. Todo esto estaba acorde al modelo económico implantado en la época y que estaba cimentado en la desregulación económica, la apertura de las importaciones y el achicamiento del Estado.
También, la dictadura desmanteló cooperativas que se habían formado en ese período, como una institución en Calingasta que tenía un establecimiento de producción de sidra, o la entidad Clancay. “Cooperativas como La Cordillerana habían adquirido tecnología avanzada (como un concentrador de jugo de manzana), pero el proyecto fue destruido tras el golpe”, dijo. En ese sentido, afirmó que el gobierno militar veía en el modelo cooperativo y comunitario una "irrupción del marxismo" o una amenaza comunista.
Otro caso que menciona, como testimonio de la desarticulación del movimiento obrero, es la fábrica de cemento blanco, que estaba localizada en el Parque Industrial de Chimbas y perteneció originalmente al grupo empresario Magic de Buenos Aires. El experto detalló que, por conflictos salariales en el 75 después del Rodrigazo, se llevan a cabo una serie de juicios laborales y AOMA pacta con los propietarios, para recibir la compañía a cambio de la deuda que tenían con los trabajadores. Así, de acuerdo al profesional, los empleados se vuelven accionista de la firma, siendo un modelo de gestión obrera.
“Al producirse el golpe de marzo de 1976, los militares detuvieron a los directivos. Bajo la falsa acusación de que la fábrica se gestionaba con 'plata de Graiver' (vinculado a organizaciones guerrilleras), las autoridades fueron torturados para obligarlos a ceder sus acciones. Esas acciones terminaron en manos de Ricardo Basualdo. A pesar de los intentos posteriores por accionar legalmente contra esta apropiación, la justicia provincial de la época no dio curso a los reclamos”, señaló el investigador y aclaró que esta información proviene de los juicios de lesa humanidad y el Boletín Oficial, que registran tanto la constitución original de la empresa bajo el sindicato como el momento posterior en que cambia forzadamente de directorio y capital accionario. Ureta señaló que la dictadura contó con la complicidad de sectores políticos, ya que Leopoldo Bravo gobernó durante ese período y también ocupó el cargo de embajador en Rusia.
En tanto, la Ley de Entidades Financieras que sancionó el régimen militar fomentó la especulación financiera y encareció el crédito, impidiendo que las cooperativas y pymes accedan a financiamiento productivo. “En San Juan había tres o cuatro bancos cooperativos; por ejemplo, estaban Alianza, UDECOP y la Cooperativa Mendoza, los destruyeron a todos. Esto ocurrió porque esos bancos tenían políticas de préstamo más flexibles. Todos fueron destruidos”. A partir de la mencionada normativa, ese tipo de establecimientos fueron obligados a convertirse en bancos para poder sobrevivir y muchas terminaron cerrando.
Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, resulta necesario reflexionar sobre las consecuencias de las políticas económicas de ese tiempo, que promovieron la desarticulación del Estado para facilitar el socavamiento de empresas públicas y la desintegración de las organizaciones sociales.