La emblemática fábrica de galletas Dilexis, ubicada en Albardón, atraviesa un proceso de recuperación luego de enfrentar meses de dificultades económicas que afectaron a casi 300 empleados. Según informó el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, la empresa de los alimentos Tía Maruca logró frenar el cimbronazo provocado por la caída de ventas y el sobrestock de productos.
“Dilexis, la planta de galletitas de Albardón, estuvo en un proceso de sobrestock de mercadería por la baja en las ventas, una situación similar a la que atraviesa buena parte de la industria nacional destinada al mercado interno”, explicó Martín en diálogo con Tiempo de San Juan.
Como medida preventiva, la firma otorgó licencias pagas al personal durante esta semana para reorganizar la producción y retomar actividades el próximo lunes. La decisión alcanza principalmente al personal operativo, aunque también incluye empleados de administración y mantenimiento, con el objetivo de optimizar los recursos y preparar el lanzamiento de un nuevo producto.
La empresa, que pertenece al grupo Argensun Foods, comenzó en los últimos años un proceso de reingeniería tras la compra de Dilexis y Tía Maruca. Martín detalló que la firma centraliza ahora gran parte de su producción en San Juan, luego de cerrar una de las plantas que operaba anteriormente en el país.
El nuevo proyecto apunta a diversificar la producción de la planta, que no solo seguirá elaborando galletitas, sino también otros productos de panificación y alimentos. “Están desarrollando nuevos productos y habrá una modificación de un producto existente con el lanzamiento de una nueva línea”, agregó el funcionario.
Esta semana, empleados de Dilexis habían recibido la noticia de vacaciones obligatorias debido al exceso de stock, derivado de la caída histórica en la demanda de productos de Tía Maruca. Esto afectó especialmente a la línea de tratas, que registró ventas casi nulas, según precisaron fuentes de la compañía.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, indicó que la situación era monitoreada mediante mesas de diálogo con el sindicato y representantes legales, y que se estableció un cronograma de pagos para saldar compromisos pendientes con los empleados y proveedores.