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SUSCRIBITEUn referente de los regantes analizó las propuestas de la UCCuyo sobre el agua en San Juan : coincide en la urgencia, pero pidió autonomía para Hidráulica y cuestionó la reforma del Código de Aguas.
El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan.
El diagnóstico técnico elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), que advirtió sobre el posible agotamiento del acuífero del Valle de Tulum en tan solo dos décadas debido a la sobreexplotación, generó una inmediata reacción y debate en el sector productivo sanjuanino.
El informe, presentado por el director Luis Jiménez, señaló que el problema central reside en que la extracción es mayor que el ingreso de recursos, sumando un consumo total de 435 hectómetros cúbicos por año, entre riego agrícola y uso domiciliario.
Entre las reformas propuestas por la UCCuyo para hacer frente a esta "crisis de gestión y cultura hídrica" se encuentran la modificación del Código de Aguas, la distribución del riego por demanda, la búsqueda de mayor eficiencia (actualmente en apenas el 30%), y el establecimiento de un nuevo cuadro tarifario que reconozca el valor real del agua.
Un referente del sector productivo, Nicolás Yanzón, regante y consejero de la Primera Zona en Hidráulica (comprende los departamentos más cercanos al sistema de riego principal, como Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Pocito, Santa Lucía, Sarmiento, Rivadavia y Zonda) compartió con Tiempo de San Juan su mirada respecto del estudio y consideró que si bien reconoce la gravedad del panorama, hay otras correcciones y prioridades de gestión hídrica.
El principal punto de coincidencia y, a la vez, de objeción por parte del consejero es la falta de información real y fidedigna sobre la disponibilidad del recurso. Yanzón aseguró que, si bien hay un organismo nacional como el Instituto Nacional del Agua, que realiza estudios, "no saben si están subestimando, sobreestimando" porque para tener un estudio certero se necesita saber cuánto se está extrayendo. "El 70% de los de las perforaciones no están registradas", sentenció.
Tanto los consejeros como los regantes y los sectores de la agroindustria han solicitado al Departamento Hidráulico que se ejecute un diagnóstico de los acuíferos. Esto, de hecho, fue uno de los tres puntos que quedaron en acta como compromiso gubernamental tras una reunión de alto nivel con ministros y cámaras en junio pasado. “Sin esta información, no podemos tomar decisiones ni otorgar o no perforaciones".
Desde el sector productivo destacaron también que la traba más importante para la gestión eficiente del agua de riego es la falta de autonomía de Hidráulica para ejecutar su presupuesto, ya que depende de otros ministerios. Por ello, Yanzón consideró "fundamental" la instrumentación de la Ley de Emergencia Hídrica, un pedido ya elevado a las autoridades.
El consejero también rectificó un punto específico del diagnóstico de la UCCuyo, el cual señala que más del 90% del costo del agua es cubierto por el Tesoro provincial. Yanzón indicó que esta situación se ha revertido en el último año.
“Se hizo una actualización en la tasa y canon por hectárea, y hay una mayor exigencia en la cobranza (aplicando la ley, incluso restringiendo el suministro a deudores crónicos), la fuente de recaudación genuina de Hidráulica ahora tiene excedentes para ejecutar tareas de mantenimiento”, dijo. A modo de ejemplo, Yanzón señaló que en Pocito la Tasa y Canon se incrementó en un 560% este año.
Respecto a la propuesta de "reconocer el valor real del agua", coincidió en la necesidad de darle valor al recurso para fomentar su cuidado y eliminar el "mito de la abundancia". Sin embargo, aclaró que dar valor no implica ponerle un "precio para vender". El consejero defendió el espíritu de la ley que busca evitar que el agua se convierta en un bien comercializable, lo que podría atraer a multinacionales que la compren, agoten y abandonen la zona.
Si bien el Instituto del Agua propone reformar el Código de Aguas, Yanzón se mostró en desacuerdo con una reforma total. Sostuvo que, en lugar de una reforma integral, se debería mantener el espíritu de la ley y quizás realizar "ampliaciones o alguna modificación a cierto punto" para lograr la eficiencia.
Sobre la eficiencia del sistema (que el estudio estima en un 30%), Yanzón aseguró que, si se lograra reacondicionar la infraestructura actual y disponer del personal necesario para una distribución adecuada, la eficiencia podría mejorar hasta en un 80% sin necesidad de reformar la ley.
No obstante, admitió que, para implementar medidas como la entrega de agua por demanda de los cultivos (en lugar de toda junta como es ahora), se requeriría modificar la infraestructura de canales en San Juan.
Finalmente, destacó la necesidad de apoyo en la experiencia de especialistas como Jiménez, aunque reiteró que el camino más urgente es el diagnóstico real y el consenso antes de aplicar soluciones estructurales.