Desde que el Gobierno nacional implementó la política de desregulación y simplificación en materia de importaciones, la cantidad de insumos y productos que ingresaron al país fueron masivos. Conforme un informe del INDEC, solo durante el primer trimestre de este año las importaciones representaron el 32% del Producto Bruto Interno (PBI), siendo el valor más alto registrado en los últimos 135 años. Conseguir bienes importados a excelente precio es una oportunidad imperdible para el consumidor, pero no para las industrias y pymes que están sintiendo el impacto negativo de esta medida. Ese es el caso en San Juan de Calzados Argentinos, una industria que en sus mejores años logró ser pionera en el sector y hoy lucha a diario por seguir con sus puertas abiertas y sus líneas de producción activas.
Mauricio Mesquida, quien está a cargo de la empresa que nació en febrero de 1980, detalló a Tiempo de San Juan la realidad de la compañía, las adversidades que están atravesando no solo producto de las importaciones, y los esfuerzos por continuar en el mercado, pese a la falta de demanda.
“Hemos registrado impacto negativo por la apertura de las importaciones, sumado a la caída de la demanda actual de calzados de seguridad, debido a que la minería aun no tracciona en San Juan”, detalló el empresario. Si bien la empresa tiene diversificada su producción, el fuerte es el calzado de seguridad, línea donde han detectado la principal baja de demanda.
El parate registrado en la obra pública nacional y de otros sectores, sumado a la llegada de productos importados a buenos precios lleva a que los mercados locales no sean competitivos ante el consumidor que apuesta a costos bajos.
Ante esta realidad, Mauricio asegura no estar contra el libre comercio, siempre y cuando el mismo se de en igualdad de condiciones para todos los actores, situación que no se da en la actualidad. “Todo lo que pertenece a la cadena productiva incide en el costo del producto. La carga impositiva que hay en Argentina nos lleva a estar en desigualdad de condiciones, lo que nos termina acomplejando en el corto plazo”, destaca.
Y esa complejidad ya se registra a nivel nacional. Conforme señala el sitio web especializado Serma.net, el sector en todo el país trabaja con una capacidad muy por debajo de su potencial. En el caso de Calzados Argentinos, se perdió un 60% de la capacidad productiva instalada, produciendo al mínimo, sosteniendo los mayores esfuerzos para achicar el gasto sin tener que tomar medidas que afecten los puestos de los 50 trabajadores que tiene hoy en día la empresa.
“Estamos trabajando actualmente con horarios reducidos. No queremos despedir personal, ni podemos adelantar las vacaciones, pero la situación es insostenible”, remarcó Mauricio, enfatizando en los esfuerzos a diario que se realizan, pero si en el corto plazo no cambian las reglas del juego, será difícil sostener el grueso del personal.
Las alternativas, acciones a aplicar y ajustes a realizar se analizan en la diaria. Proyectar a largo plazo, invertir o reconvertirse no es sencillo para las industrias tanto en San Juan como en el resto del país, debido a que muchas de las decisiones que impactan de lleno en la actividad productiva tienen que ver con las medidas económicas y políticas que tomen los gobiernos de turno. Sin la posibilidad de ser previsibles en el largo plazo, sostenerse en la actividad es cada vez más complejo.
Desde la Cámara de la Industria del Calzado se advirtió que las importaciones se triplicaron en algunos segmentos en el primer semestre del 2025. Eso, sumado a la caída del poder adquisitivo, impacta directamente en la venta de calzado. Si a esos factores sumamos el parate o la falta de reactivación de algunas actividades como obra pública o desarrollos mineros, el panorama se vuelve más complejo aún.
“Es difícil tener un plan B, porque nuestra maquinaria hace calzado. Ir hacia otro rubro implica una inversión que en este contexto es difícil. No es alentador, pero es la realidad que estamos viviendo. No tenemos expectativas de utilidades, de sobrevivir ajustando todos los costos que se puedan ajustar, sin tocar personal. No nos queda otra expectativa que la reactivación del mercado. Hay conversaciones frecuentes sobre esta realidad en la Unión Industrial. El Gobierno de San Juan está consciente y al tanto, nos escuchan y nos ayudan hasta donde ellos pueden, pero se necesitan decisiones nacionales para que el futuro del sector no sea peor”, reflexionó Mauricio Mesquida.
La situación de la industrial del calzado a nivel nacional
Conforme a un informe de la Fundación Pro Tejer publicado en julio, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó a nivel nacional un 5,4% interanual en mayo.
Por su parte, la industria registró una utilización del 47% promedio de la capacidad instalada, registrando un dato alarmante: seis de cada diez máquinas están paradas.
Con relación al empleo, la caída fue del 9% durante el primer trimestre de este año, siendo la más alta de todos los sectores manufactureros relevados, y la segunda más profunda en términos absolutos después de Construcción. En datos nominales, representa una pérdida de 10.300 puestos de trabajo.
El proyecto de ley que busca declarar la emergencia en las industrias textiles y del calzado
La propuesta que fue desarrollada por el legislador nacional por La Rioja, Ricardo Herrera y esta apoyado por otros 15 diputados nacionales, pretende declarar la emergencia en las industrias textiles y del calzado, debido a la situación que atraviesa el sector en la actualidad.
En el texto del proyecto se indica que durante el tiempo que dure la emergencia se suspenderían los despidos y se congelarían las tarifas de servicios públicos, como electricidad, gas y agua. Además, se pretende mitigar el daño que registra la industria nacional ocasionado por las importaciones, por lo que, por el tiempo de vigencia de la emergencia, el objetivo es frenar el ingreso masivo de productos textiles y de calzados importados, sin importar su origen.
La iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Presupuesto, Industria y Legislación del Trabajo, a la espera de su tratamiento y posterior dictamen para pasar a recinto, lo que pretende es declarar por 180 días la emergencia para detener así el deterioro productivo, laboral y comercial de un sector que no logra reponerse.
