La crisis que atraviesa la industria vitivinícola argentina sumó en las últimas horas un nuevo y preocupante capítulo en San Juan. Se trata de Casa Montes, una de las bodegas más importantes del Valle de Tulum, que llegó a acumular 282 cheques rechazados por un monto cercano a los $470 millones, una situación inédita en la historia de la empresa y que expone la profundidad del deterioro que atraviesa el sector.
Según informó iProfesional, la bodega, responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar y Casa Montes, figura por primera vez en el registro de deudores del Banco Central de la República Argentina. Aunque desde la compañía aseguran que alrededor del 80% de los compromisos ya fueron regularizados, el impacto financiero y reputacional del episodio todavía se hace sentir.
Casa Montes es uno de los jugadores más relevantes de la vitivinicultura de la provincia. Cuenta con más de 3 millones de litros de capacidad de almacenamiento, una línea de fraccionamiento de última generación y 156 hectáreas de viñedos propios, además de trabajar con productores terceros. Su escala productiva la convierte en un actor clave tanto para el empleo como para la cadena de proveedores de la provincia.
Desde la empresa explicaron que el origen del problema no estuvo vinculado a una crisis estructural de financiamiento, sino a un embargo bancario originado por el ingreso tardío a un plan de pagos impositivo ante ARCA. Esa medida inmovilizó las cuentas de la firma y derivó en el rechazo masivo de cheques, muchos de los cuales luego fueron repuestos o abonados, aunque el sistema de registración mantuvo los antecedentes negativos durante semanas.
La situación provocó, además, un endurecimiento de la relación con el sistema financiero, ya que los bancos decidieron no renovar acuerdos de descubierto, profundizando transitoriamente la tensión de caja y limitando la operatoria normal de la compañía.
Un caso que refleja una crisis más amplia
El caso de Casa Montes no es un hecho aislado. Tal como detalla iProfesional, la industria del vino argentino atraviesa uno de los peores momentos de las últimas décadas, afectada por una combinación de factores productivos, comerciales y macroeconómicos.
En el inicio de la cadena, los viñateros denuncian falta de rentabilidad, con costos de producción —insumos, mano de obra, energía y transporte— que crecen muy por encima de los precios que reciben por la uva. En muchos casos, los valores de venta no alcanzan a cubrir los costos básicos, lo que puso en jaque la continuidad de fincas familiares y medianas.
Del lado industrial, las bodegas enfrentan consumo interno en mínimos históricos, caída del poder adquisitivo, retroceso de las exportaciones por atraso cambiario y una pérdida de competitividad frente a otros países productores. A esto se suma un cambio global en los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, que impacta de lleno en el volumen de ventas.
En este contexto, bodegas emblemáticas de Mendoza y otras provincias ya comenzaron a exhibir serios problemas financieros, con concursos preventivos, cheques rechazados, suspensiones de personal y paradas productivas.