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SUSCRIBITE El agente Luis Antonio Castillo fue cesanteado de la Policía de San Juan por haber adulterado un certificado de un franco. La irregularidad en el documento fue detectada por otra oficial de servicio, que informó sobre la situación a las autoridades. La decisión oficial fue publicada en el Boletín Oficial.
El 2 de mayo del 2018 una oficial constató una irregularidad en la presentación de un certificado de franco de servicio. El agente Castillo prestaba servicios en la comisaría 1º y se detectó una adulteración. Es que el certificado debió haber sido rubricado por el jefe de la dependencia y la firma que estaba en el documento oficial no fue reconocida por el comisario inspector Juan Ricardo Soria, indispensable para realizar el servicio adicional de máxima seguridad, en esa oportunidad en la comisaría 13º.
La oficial que detectó la firma adulterada se desempeñaba en la seccional 13º y el informe fue remitido al comisario de la 1º, quien dio origen al inicio de una causa administrativa por adulteración de un documento y falsificación de la firma de un funcionario.
Cuando ejerció su derecho a defensa, Castillo dijo que tras trabajar un mes en el barrio Gendarmería llevó sus planillas de adicionales a la comisaría 13 pero que dichos papeles, inclusive el certificado del franco, no estaban firmados.
A pesar de que Castillo tenía un buen concepto entre sus superiores, los exámenes periciales realizados por el Laboratorio Forense fueron contundentes. Los expertos señalaron: "Se indica que las firmas dubitadas contienen elementos gráficos homogéneos a los efectos de aunarla a la génesis escritural del ciudadano Luis Antonio Castillo".
Con todas las pruebas juntas, se determinó que Castillo cometió una falta administrativa grave ya que de forma fraudulenta adulteró la firma del jefe de la comisaría en el certificado de franco de servicio. Finalmente las autoridades tomaron la decisión de aplicarle como sanción la cesantía, que lo deja fuera de la fuerza pero que le permite que se le computen los aportes realizados a lo largo de su labor.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y el decreto cuenta con la firma del gobernador Sergio Uñac, de la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone y del secretario de Seguridad, Carlos Munisaga.
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