Una niña trans le pidió a sus compañeros de clase que cuando se refieran a ella, lo hagan usando el nombre que tiene en su DNI, diferente del que le pusieron sus padres cuando nació. La situación se dio en un colegio sanjuanino, en la María Auxiliadora. El aula fue el espacio en donde esta pequeña dio un paso vital para que se reconozca su identidad. Si bien el caso trascendió las esferas de lo privado porque un grupo de 9 padres pidió explicaciones ante los directivos del establecimiento educativo, lo cierto es que al mismo tiempo desnudó una serie de falencias en el sistema que deben ser resueltas, según dijo el secretario general de UDAP, Luis Lucero y la referenta de Infancias Libres, Alejandra Ávila.
ESI
La primera dificultad que identificaron las fuentes consultadas es la no aplicación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas de la provincia. Lucero y Ávila coincidieron que esta legislación posibilitaría la formación de los docentes en temas relacionados a la sexualidad, entre los cuales se encuentra la identidad de género.
Muchas veces los docentes actúan sin información, sujetos a prejuicios culturales y religiosos, y en ese proceder se generan errores graves que pueden afectar a los estudiantes, indicó Ávila. Alejandra tiene dos hijas trans y padeció la falta de formación de los docentes de sus niñas. “En una de las escuelas a la que fueron mis hijas la docente no quería decirles a los compañeros que las niñas eran trans. Nos decía qué los padres iban a pedirles explicaciones, que iba a ser muy complicado, que no sabía que les iba a responder. Yo no les puedo negar la identidad a mis hijas, es su derecho”, contó Alejandra.
Para Lucero, es clave la aplicación de la ESI y de la Ley Nacional de Educación, que garantiza más fondos para la formación de los docentes, quienes en muchas ocasiones actúan por desconocimiento. “Si se aplicara la ley, los maestros podrían formarse y proceder de una mejor manera ante los casos que se presentan día a día en las aulas”, agregó el sindicalista.
Protocolo de acción
Encadenada a la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, las fuentes indicaron que es clave el armado de un protocolo de acción para actuar ante este tipo de casos y otros, que no tienen que ver específicamente con cuestiones ligadas a la sexualidad o al género.
Ante la carencia de un documento que establezca punto por punto el proceder ante un caso determinado, los docentes actúan como pueden y atravesados por su sentido común. Ávila dijo que la definición de un protocolo sería muy útil para evitar conductas incorrectas que puedan vulnerar los derechos de los niños y niñas.
Más gabinetes
Los gabinetes interdisciplinarios -integrados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales- permiten actuar de una manera integral ante cualquier tipo de situación cuya resolución no sea sencilla.
Lucero destacó la formación de estos gabinetes en San Juan a pesar del desfinanciamiento nacional. Si bien puso en relieve el esfuerzo local, apuntó a la creación de gabinetes en todos los departamentos de la provincia.
Financiamiento
Todas las medidas que podrían mejorar la actuación de los docentes ante casos de identidad de género u otros dependen del financiamiento educativo. Entre 1996 y 2018 se sumaron casi 2 millones de chicos a la escuela (un 23% más) pero la inversión nacional-que llegó en 2015 al 6% del PBI al que obliga la ley- bajó en los últimos años al 5,5% actual.
