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Proyecto de ley

Exigirían certificado psicológico a quienes trabajen con menores

Se tratará en San Juan un proyecto que tiene como intención conocer el perfil psicológico de las personas que están a cargo niños, niñas, adolescentes y discapacitados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan podría ser la primera provincia en la Argentina con tener una Ley de Prevención de Maltrato Infantil en todas sus formas contra niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. 

El diputado pocitano, Cristian Morales es el autor del proyecto que se tratará mañana en la Cámara de Diputados, que establece la obligación de presentación de documentaciones cada dos años ante organismos de contralor dependiendo de la actividad que desarrolle la institución o persona. Entre la cual deben estar la:
1) Copia de DNI. 
2) Aptitud psicológica con perfil de personalidad acreditada por un profesional con perfil de personalidad.
3) Certificación de antecedentes penales expedida por Policía de San Juan.
4) Copia planilla prontuarial expedida por Policía de San Juan.
5) Certificado de Reincidencia
6) Si tiene menos de 5 años de residencia real en San Juan, los puntos 3) y 4) de la provincia donde residió por última vez.

"Esta ley busca que tanto las autoridades de una institución y papás tengan acceso a conocer información vital a la hora de dejar a sus hijos en manos de un adulto”, dijo el diputado Morales a Tiempo de San Juan.

"Según lo investigado no habría en el país legislación de tamaña amplitud en esta temática, y de aprobarse, San Juan sería la primera provincia en tener una herramienta legislativa a la hora de prevenir abusos y maltratos a estos sectores vulnerables”, explicó.

Así por ejemplo, un chofer de transporte escolar deberá presentar toda la documentación a la empresa y ésta deberá entregarla a la Dirección de Tránsito y Transporte, quien se encargará de emitir la certificación de aptitud para desarrollar tal tarea. La validez del certificado será por dos años.

Si la empresa llegase a no tener la certificación de alguno de sus empleados choferes se informará al Juzgado de Faltas quien aplicará una multa que variará entre los 6.000 y 10.000 pesos, y en caso de reiterar la falta será clausurada la empresa.

De la misma manera se procederá con un Club Deportivo, siendo el contralor  la Subsecretaría de Deportes; un Instituto de Idioma, el Ministerio de Educación, un profesor de catequesis, la Dirección de Culto de ONG.
Y la autoridad de aplicación madre será la Dirección de Niñez.
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