Gobierno vs empresarios

Ex convictos: todos excluidos del mercado laboral

Las estadísticas hablan por sí solas. Los números que maneja la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado de la provincia indican que ninguno de los 100 ex convictos que están en condiciones de trabajar lo puede hacer porque las puertas son cerradas con doble llave por los empresarios.
martes, 5 de junio de 2012 · 16:40

Las estadísticas hablan por sí solas. Los números que maneja la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado de la provincia indican que ninguno de los 100 ex convictos que están en condiciones de trabajar lo puede hacer porque las puertas son cerradas con doble llave por los empresarios. “Nadie quiere a  presos trabajando en su empresa”, dijo categórico la nueva autoridad del área de gobierno, Mariano Teja, quien asumió en diciembre pasado.

Las declaraciones de Teja enardecieron al sector empresario. Sin mea culpa de por medio, los emprendedores responsabilizaron al Patronato por los altísimos niveles de desempleo de este segmento poblacional. Aseguran no haber sido convocados nunca por los funcionarios de la nueva gestión.

Lo cierto es que actualmente no hay ningún convenio vigente. ¿Cuál es la causa? Desde la Dirección explicaron que la organización de reuniones con los empresarios para sellar acuerdos ya no es competencia de ellos sino que pasó a ser una tarea a desempeñar por la Subsecretaría de Trabajo.

Hasta el momento, los encuentros no rindieron los frutos esperados. Según Teja, la falta de resultados se relaciona con la escasa apertura empresarial. “Es difícil dar con el perfil de empresario dispuesto a abrirle la puerta a un ex convicto”, manifestó tajante.
El máximo referente del Patronato aseveró que en forma semanal se llevan adelante de una a dos reuniones con empresarios locales  en la Subsecretaría. Calificó las charlas como productivas, pero señaló al mismo tiempo que no se logra convencer a los propietarios de emprendimientos que un ex preso es igual de capaz que una persona libre de antecedentes.

“En San Juan no se vive una realidad aislada del contexto nacional. Lo dificultoso es encontrar posibilidades. Cuando hay una oportunidad de trabajo, prefieren dársela a una persona sin antecedentes. Un prontuario cargado es igual a un portazo en la cara”, alegó Teja.

Por su parte, los empresarios piden más garantías. Guillermo Cabrera, titular de la CAME en San Juan, y el director de la CASEMI, Alejandro Donna, estuvieron de acuerdo en señalar como necesaria la realización de un test psicológico a los ex presos. “Es lo mínimo e indispensable. Aparte no es algo que se le pida exclusivamente a ellos sino que es similar a los exámenes pre- ocupacionales que hacemos siempre a la hora de incorporar un empleado a nuestras firmas”, explicó Cabrera.

Para Teja, muchas veces los empresarios hablan desde el desconocimiento. “Se realizan todo tipo de estudios psicológicos y también se los capacita”, indicó. La UOCRA es el principal ente que colabora con la enseñanza de un oficio a los ex convictos. Los nuevos cursos se dictan en conjunto con la Cámara de la Construcción y son de albañilería y sanitarios.
De un lado a otro se lanzan dardos acusadores, mientras tanto los ex presos continúan a la espera de una oportunidad que los ayude a salir de su situación de marginalidad.

El antecedente
En el 2007, la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado firmó acuerdos con distintas empresas vinculadas con la actividad minera. Urbino fue la compañía que en aquel momento tomó la posta e incorporó en sus filas a varios ex presos.
Uno de los propietarios de Urbino, Fabrizio Benedetti, contó su experiencia cuando empleó a ex convictos: “Cuando realizamos el trabajo en conjunto con el Patronato no hemos tenido ningún tipo de problemas con los trabajadores, todos se han portado muy bien. Es que desde un primer momento comprendí la problemática de los ex convictos, como padre sabés la importancia que implica tener un trabajo digno para llevar el pan a la mesa todos los días”.

Ayuda social
Los ex presos que están desempleados cobran mensualmente un seguro de capacitación, que los obliga a realizar cursos de instrucción o en su defecto, a terminar sus estudios. Los fondos del programa son enviados desde la nación y alcanzar los $1.000 mensuales.

 

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