A 3 AÑOS DE LA MAFIA DE LAS 4X4

El sospechoso, ¿estará vivo?

Guillermo Criscuolo, por quien se destapó el escándalo nacional de las camionetas truchas, sigue siendo el prófugo más buscado. Nunca fue preso, ni siquiera ubicado. Cortó todo vínculo con familiares y amigos. Y nunca hallaron alguna señal de que exista tras destaparse la mega red delictiva que tiene 22 imputados y decenas de camionetas secuestradas. Por Gustavo Martínez.
sábado, 30 de junio de 2012 · 11:08

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

Ni siquiera sus familiares fueron a la Justicia a pedir que aparezca. Al parecer, más allá de que lo busquen por liderar una supuesta red delictiva que lucraba con camionetas y autopartes robadas, a nadie le interesa que aparezca. ¿Estará vivo? Es una pregunta que hasta los investigadores de la justicia federal se hacen. Se trata de Guillermo Lucas Criscuolo, apodado el Porteño, cuyo paradero es un verdadero misterio desde el 12 de Julio de 2009, cuando en la provincia estalló el caso denominado “la mafia de las 4x4”, tras hallar motores y autopartes ilegales de camionetas en la finca que este sujeto regenteaba en Ullum.
La duda de que si vive o no tiene asidero en las gestiones infructuosas que hicieron en la Policía de San Juan y en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, donde dicen que “es como si se lo hubiera tragado la tierra”.
A través de un grupo de expertos del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), le pincharon los teléfonos que tenía él y su familia. Y nada. Le hicieron inteligencia con guardias rotativas en los domicilios que tenía en la provincia y en Buenos Aires. Y nada. Averiguaron las entradas y salidas del país a través del servicio de Migraciones. Y nada. Tramitaron un incidente ante la Interpol (Policía Internacional) para dar con su paradero en otros países. Y nada.
Que entre y salga del país por algún paso clandestino, y mantenga contacto con su familia o amigos mediante un operativo cerrojo de confidencialidad extrema, sería la única forma que Criscuolo existiera y no pudiera ser ubicado por la policía sanjuanina, la Federal, la Gendarmería, Migraciones y la Interpol.

El hecho se destapó el domingo 12 de julio de 2009, en la bodega Ansilta del departamento Ullum, donde la policía sanjuanina fue en busca de una retroexcavadora robada a un puestero de Lavalle, Mendoza, que había pasado con total impunidad por los controles camineros, y dio con camionetas Toyota Hilux 4x4 robadas, otros vehículos robados, motores adulterados, autopartes, municiones de fusil FAL –un arma de guerra- y revólveres, entre otros elementos.
Tras ese allanamiento, en la provincia empezaron a ser abandonadas camionetas de doble tracción por todos lados. Muchas de ellas quemadas, para borrar todo tipo de evidencias. Llegó a crearse una especie de psicosis con esos vehículos, a tal punto que cuando una camioneta llevaba estacionada un rato largo, en la policía recibían llamados de gente que les avisaba que había una camioneta abandonada que podía ser “de la mafia de las 4x4”.
Además, se hicieron allanamientos a talleres y comercios de autopartes de este tipo de vehículos en la Ciudad. Y se llegó a controlar las camionetas que subían a trabajar en Veladero y Gualcamayo.
Todo gracias a ese hecho puntual de la retroexcavadora hallada en Ullum, que fue como el principio de un espiral delictivo que aún hoy es investigado por el Juzgado Federal N°2. La causa tiene 22 imputados, desde obreros de la finca de Ullum hasta empresarios. A todos se les tomó declaración indagatoria y está previsto que se tomen nuevas declaraciones testimoniales en los próximos días. Entre ellos, el suegro del fugitivo Criscuolo, dueño de la bodega Ansilta.
A todo esto, Criscuolo sigue zafando. ¿Se lo tragó la tierra?

El derrotero legal
A días de cumplirse los tres años de la “mafia de las 4x4”, el juez federal Rago Gallo aún investiga el caso, después de que la investigación estuvo en manos de la jueza María Rosselot, del Juzgado de Instrucción N°5.
Lo que más complica a la justicia federal para poder dictar el auto de procesamiento es la calificación de los delitos en los que habrían incurrido los 22 imputados, debido a que muchos de ellos tienen que ver con la justicia ordinaria.
La causa llegó al fuero federal después de una ida y vuelta con la justicia ordinaria para ver quién investigaba. El 14 de septiembre del 2009, el Quinto Juzgado de Instrucción se declaró incompetente y remitió las actuaciones al juzgado federal, donde la causa llegó el 22 de septiembre de ese año. El 30 de septiembre el juez Rago Gallo resiste la competencia y el 2 de octubre lo devuelve a la juez Rosselot, quien entiende que eso no corresponde y recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 8 de febrero del 2011 le da la razón a la jueza Rosselot y ordenó al fuero federal que investigue. El 24 de febrero del 2011 el juez Rago Gallo recibió las actuaciones y comenzó a investigar. Primero recibió testimoniales a los policías sanjuaninos que investigaron, a peritos policiales, al director de Rentas, Adrián Villegas, y ordenó trasladar los vehículos secuestrados desde el depósito de la ex bodega CAVIC hasta el Escuadrón Núcleo de Gendarmería Nacional en Marquesado.
Allí se realizaron peritajes con el uso de químicos a los vehículos y se peritó la documentación y títulos de los vehículos sospechosos, se pidió informes al Registro Nacional del Automotor y a financieras.
Tras indagar a los 22 imputados, actualmente están fijadas las audiencias para nuevas testimoniales.

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