Por Gustavo Martínez
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El hecho se destapó el domingo 12 de julio de 2009, en la bodega Ansilta del departamento Ullum, donde la policía sanjuanina fue en busca de una retroexcavadora robada a un puestero de Lavalle, Mendoza, que había pasado con total impunidad por los controles camineros, y dio con camionetas Toyota Hilux 4x4 robadas, otros vehículos robados, motores adulterados, autopartes, municiones de fusil FAL –un arma de guerra- y revólveres, entre otros elementos.
Tras ese allanamiento, en la provincia empezaron a ser abandonadas camionetas de doble tracción por todos lados. Muchas de ellas quemadas, para borrar todo tipo de evidencias. Llegó a crearse una especie de psicosis con esos vehículos, a tal punto que cuando una camioneta llevaba estacionada un rato largo, en la policía recibían llamados de gente que les avisaba que había una camioneta abandonada que podía ser “de la mafia de las 4x4”.
Además, se hicieron allanamientos a talleres y comercios de autopartes de este tipo de vehículos en la Ciudad. Y se llegó a controlar las camionetas que subían a trabajar en Veladero y Gualcamayo.
Todo gracias a ese hecho puntual de la retroexcavadora hallada en Ullum, que fue como el principio de un espiral delictivo que aún hoy es investigado por el Juzgado Federal N°2. La causa tiene 22 imputados, desde obreros de la finca de Ullum hasta empresarios. A todos se les tomó declaración indagatoria y está previsto que se tomen nuevas declaraciones testimoniales en los próximos días. Entre ellos, el suegro del fugitivo Criscuolo, dueño de la bodega Ansilta.
A todo esto, Criscuolo sigue zafando. ¿Se lo tragó la tierra?
El derrotero legal
A días de cumplirse los tres años de la “mafia de las 4x4”, el juez federal Rago Gallo aún investiga el caso, después de que la investigación estuvo en manos de la jueza María Rosselot, del Juzgado de Instrucción N°5.
Lo que más complica a la justicia federal para poder dictar el auto de procesamiento es la calificación de los delitos en los que habrían incurrido los 22 imputados, debido a que muchos de ellos tienen que ver con la justicia ordinaria.
La causa llegó al fuero federal después de una ida y vuelta con la justicia ordinaria para ver quién investigaba. El 14 de septiembre del 2009, el Quinto Juzgado de Instrucción se declaró incompetente y remitió las actuaciones al juzgado federal, donde la causa llegó el 22 de septiembre de ese año. El 30 de septiembre el juez Rago Gallo resiste la competencia y el 2 de octubre lo devuelve a la juez Rosselot, quien entiende que eso no corresponde y recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 8 de febrero del 2011 le da la razón a la jueza Rosselot y ordenó al fuero federal que investigue. El 24 de febrero del 2011 el juez Rago Gallo recibió las actuaciones y comenzó a investigar. Primero recibió testimoniales a los policías sanjuaninos que investigaron, a peritos policiales, al director de Rentas, Adrián Villegas, y ordenó trasladar los vehículos secuestrados desde el depósito de la ex bodega CAVIC hasta el Escuadrón Núcleo de Gendarmería Nacional en Marquesado.
Allí se realizaron peritajes con el uso de químicos a los vehículos y se peritó la documentación y títulos de los vehículos sospechosos, se pidió informes al Registro Nacional del Automotor y a financieras.
Tras indagar a los 22 imputados, actualmente están fijadas las audiencias para nuevas testimoniales.
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