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SUSCRIBITEEl tema se volvió tendencia tras el tratamiento y su posterior aprobación en Uruguay. En Argentina la eutanasia o muerte asistida no es legal, y gran parte de los sanjuaninos avalaron al menos poner el tema en discusión.
Uruguay es el único país de América del Sur que legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley Muerte Digna. Con esto, no solo se convierte en el primer país en la región en establecer un marco legal, sino que además volvió a poner el tema sobre la mesa. Ante esto, Tiempo de San Juan consultó a sus lectores sobre qué opinión tenían al respecto, y gran parte apoyó la idea de al menos discutir sobre el tema.
En la encuesta, el 49,23% de los lectores se expresaron a favor de un debate sobre eutanasia. La gran mayoría de los votantes (30,74%) señaló estar a favor de la muerte digna y que una persona pueda elegir, en base a condiciones médicas y físicas naturales, interrumpir el ciclo de vida; mientras que el 18,49% señaló la necesidad de al menos debatirlo para conocer los pormenores de esta práctica.
Del otro lado de la vereda se ubicaron los sanjuaninos que no están a favor de un debate sobre la muerte digna. Del total de 36,01%, un sector señaló estar en contra de la eutanasia (17,52%) y otro grupo de lectores no solo indicó estar en contra, sino que critican el hecho que Uruguay lo haya aprobado por ley (18,32%).
Hay un grupo de lectores que reflejan un aspecto importante a la hora de hablar de eutanasia, y son aquellos que desconocen qué implica. El 14,92% indicaron no saber qué es la eutanasia ni sus implicancias.
El tratamiento del proyecto de ley Muerte Digna puso a Uruguay en la escena mundial. Tras un intenso debate de diez horas, 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto. Así se cerró un recorrido legislativo que duró cinco años y que atrajo la atención de muchos sectores.
El texto aprobado permite que adultos psíquicamente aptos en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, tengan la opción de elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud.
Como sucede con temas de interés sobre la vida humana, el proyecto era rechazado por grupos católicos y algunos sectores conservadores de la sociedad uruguaya, quienes hasta los últimos minutos de tratamiento esperaban tirar por tierra el proyecto.
Si bien Uruguay es el único país latinoamericano que ha regulado la eutanasia por ley, en otros se ha despenalizado mediante fallos de la Corte Constitucional.
Uno de los casos dentro del continente es Colombia, donde la eutanasia fue despenalizada en 1997 y legal desde 2015, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en permitirla.
El Ministerio de Salud colombiano ha establecido estrictos lineamientos para regular el derecho a la muerte digna en el país. Estos establecen que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna, producto de la enfermedad, y manifestar el consentimiento de manera "clara, informada, completa y precisa". Además, la ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".
En julio de 2021, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.
El segundo país fue Ecuador, cuando en el 2024 despenalizó la muerte asistida en circunstancias extremas. La aplicación de la eutanasia activa es constitucional siempre que un médico acceda al pedido de un paciente que haya tomado de manera libre, informada e inequívoca la decisión de terminar con su vida a causa de un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable.
Actualmente hay cuatro proyectos que tienen estado parlamentario: tres en Diputados –uno de Miguel Ángel Pichetto, otro de Carolina Gaillard y el de Gabriela Estévez– y uno en el Senado, de Mariana Juri. En 2022 Mara Brawer, quien es candidata a diputada nacional por el Frente Patria presentó un proyecto que lamentablemente perdió estado parlamentario.
Al no haber un tratamiento real sobre el tema, el fantasma sobre el apoyo social sobrevuela. Al respecto, un informe realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés titulado “Actitudes y opiniones sobre la eutanasia” publicado en septiembre del año pasado, destacaba que el 79% de los encuestados apoyaba decisiones sobre la propia muerte en casos médicos extremos.
Del mismo modo, los resultados de la encuesta nacional sobre creencias sociales del observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires, mostraron un apoyo social creciente a la eutanasia: mientras que en 2023 el 72% dijo estar muy de acuerdo con que las personas tomen decisiones sobre su propia muerte, en 2024 esa cifra subió al 76%.
Si bien en Argentina la eutanasia no es válida como tal por ley, en 2012 se sancionó la ley 26.742 de muerte digna que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Sin embargo, esta ley no permite la eutanasia activa, es decir, no autoriza procedimientos para causar la muerte directamente, sino que se enfoca en el derecho del paciente a no prolongar su vida.