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SUSCRIBITEEl juez de Flagrancia ordenó su internación por 90 días en un hospital público con custodia permanente, tras concluir que padece bipolaridad y una adicción crónica a las drogas. Fiscalía quería que siguiera el juicio.
Un joven de 29 años, detenido desde diciembre de 2024 por un violento episodio en Plaza La Joroba, no seguirá enfrentando el proceso judicial. El juez de Flagrancia, Carlos Lima, resolvió su sobreseimiento y ordenó que sea trasladado a un centro de salud mental público, donde permanecerá internado bajo estricta custodia durante 90 días para recibir tratamiento.
Hasta el momento, el acusado continúa alojado en la Central de Policía, donde está desde el día de su arresto. Según los informes médicos incorporados al expediente, el hombre padece trastorno bipolar y presenta un cuadro de abstinencia provocado por su dependencia a las drogas, consumo que arrastra desde hace más de 15 años y que nunca logró tratar de manera sostenida. Los peritos explicaron que su historial de recaídas es constante y que, fuera de medicación y control médico, su estado se agrava.
La defensa había solicitado el cierre de la causa argumentando que su cliente es inimputable debido a la patología dual que lo afecta —adicción y bipolaridad—, mientras que la Fiscalía reclamaba continuar con el proceso penal. Finalmente, el magistrado entendió que lo prioritario era derivarlo a un hospital especializado, aunque aún no se definió si será el Marcial Quiroga o el Lanteri.
EL INTENTO DE SECUESTRO
El hecho ocurrió el 2 de diciembre de 2024. Aquella mañana, el acusado se acercó a un auto en movimiento y trató de arrancar de los brazos de su abuela a una niña pequeña. En ese momento fue reducido y detenido por la Policía. Llevaba consigo una valija con ropa y un cuchillo, y su comportamiento errático hizo presumir que estaba bajo el efecto de estupefacientes.
El caso pasó de inmediato a la UFI Flagrancia y al día siguiente se celebró la primera audiencia. La defensa planteó que el imputado había sufrido un brote psicótico, mientras que la Fiscalía solicitó prisión preventiva. El juez ordenó que permaneciera detenido hasta que un equipo de salud mental del Poder Judicial evaluara su condición.
El 19 de diciembre se conocieron los primeros resultados: trastorno bipolar y alteraciones mentales derivadas del consumo excesivo de drogas desde la adolescencia. Los especialistas señalaron que podía comprender la ilicitud de sus actos solo cuando estaba medicado, algo difícil de sostener por su falta de apego al tratamiento.
En marzo, una junta interdisciplinaria del Hospital Giordano de Albardón realizó nuevas pericias, pero no logró un consenso entre las partes. Esto llevó a que se pidiera otra evaluación psiquiátrica, que nunca se concretó. Mientras tanto, su permanencia en la Central de Policía se extendió por ocho meses, período en el que empezó a mostrar agitación y problemas para dormir, síntomas que los médicos atribuyeron al síndrome de abstinencia.
En la última audiencia, realizada el 31 de julio, la defensa insistió en que la salud del acusado requería atención inmediata y solicitó su internación. Con la resolución de este jueves, el magistrado puso fin al proceso judicial y ordenó su derivación a un nosocomio especializado, bajo control permanente de efectivos policiales.