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Percepciones

San Juan, con opiniones divididas sobre los casos de mala praxis

Un sondeo de TIEMPO DE SAN JUAN revela que el 53.6% de los lectores cree que los casos de negligencia reflejan un problema generalizado en el sistema de salud provincial

Por Miriam Walter

La percepción pública sobre el sistema de salud de San Juan se encuentra profundamente dividida, según revela una reciente encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN realizada a sus lectores. El sondeo planteó si las denuncias y juicios por mala praxis son "casos aislados de negligencia" o si, por el contrario, "reflejan un problema generalizado en el sistema de salud provincial".

Los resultados muestran una ligera, pero significativa, mayoría inclinándose por la preocupación sistémica: el 53.6% de los participantes (4.535 votos) consideró que es un problema generalizado, frente al 46.4% (3.926 votos) que lo atribuyó a casos aislados. Esta polarización en la opinión ciudadana ocurre en un momento de tensión, impulsada por fallos judiciales históricos y una serie de denuncias que exponen quejas en la atención sanitaria local.

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El clima de debate se encendió particularmente con la sentencia del 26 de noviembre que condenó a la obstetra Daniela Saldívar, reavivando una antigua discusión sobre la judicialización del acto médico. Ante esto, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) manifestó su "profunda preocupación" por el impacto de la condena en la práctica profesional, reclamando que los análisis se hagan con seriedad técnica y pleno respeto a los procedimientos. La ASOG insistió en que la ginecología y la obstetricia operan en escenarios "dinámicos, urgentes y muchas veces imprevisibles," pidiendo a los medios y a la sociedad que actúen con prudencia para no erosionar la confianza en el sistema. En paralelo, el Sindicato Médico, en un comunicado publicado el Día del Médico, apuntó directamente contra la "prensa amarilla" y la mediatización que busca la condena social del profesional, argumentando que estos hechos forman parte de las estadísticas y no de un evento aislado.

En contraste, el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) salió a defender el trabajo del Ministerio Público, negando la existencia de una supuesta criminalización del ejercicio médico. CONFIAS remarcó que "Nadie es juzgado por ser médico y cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia". Para relativizar la idea de una persecución penal, la entidad expuso que, desde la implementación del sistema acusatorio en 2021, solo 3 de las 98 denuncias por mala praxis ingresadas llegaron a juicio, y en todos esos casos se concluyó que hubo un apartamiento grave de los estándares profesionales.

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Los cuatro casos recientes que sacuden a San Juan

La coyuntura de alta sensibilidad se sustenta en expedientes resonantes que reflejan la tensión entre la práctica profesional y las responsabilidades penales. A continuación, se detallan dos juicios que culminaron en condena y dos denuncias penales que actualmente están en fase de instrucción:

Juicios con condena

El primero de los fallos recientes fue el Caso Viñales, donde el juez Ricardo Moine declaró culpable al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsia el 3 de octubre de 2025 por la muerte de Julieta Viñales. Babsia fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer la medicina, una decisión que la madre de la víctima, Cynthia Aboal, celebró aunque consideró insuficiente para el dolor sufrido. El profesional fue imputado por presunta negligencia durante una cirugía de amígdalas que culminó con la muerte de la joven a causa de una hemorragia masiva semanas después. La fiscalía sostuvo que Babsia lesionó presuntamente la arteria carótida y minimizó los indicadores del estado de la paciente en el posoperatorio.

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Julieta Viñales.

Julieta Viñales.

El segundo juicio de alto impacto es el Caso Barrionuevo, que concluyó el 26 de noviembre de 2025 con la condena de la obstetra Daniela Saldívar por la muerte del recién nacido Lorenzo Narváez Barrionuevo en 2021. El juez Alberto Caballero impuso a Saldívar una pena de un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Mientras que la familia consideró la sentencia insuficiente ante la pérdida, el sector médico valoró que no se dictara prisión efectiva. Este juicio, al igual que el Caso Viñales, arrojó una coincidencia inquietante: en ambos procesos, la Justicia solicitó investigar a otros médicos colegas de los condenados por sospechas de falso testimonio, por supuestamente intentar favorecer a los imputados con declaraciones o informes irregulares.

Embed - El desgarrador relato de la mamá del bebé muerto por mala praxis

Denuncias en curso

El Caso Uliarte se abrió tras la muerte de Alma Uliarte, una niña de 11 años, el 26 de noviembre luego de ingresar al Hospital Rawson. La familia de la menor denunció mala praxis, señalando que la niña habría permanecido al menos siete horas sin un diagnóstico certero ni la debida asistencia, lo que devino en su muerte. La querella sostiene que una pericia de parte reforzó la teoría de la contradicción al indicar que la causa del deceso fue una pericarditis infecciosa restrictiva, y no meningitis como supuestamente informó el nosocomio. La familia ha manifestado que, a pesar de mostrar claros signos de falta de oxígeno, la niña pasó horas sin recibir ventilación mecánica, una demora que piden que sea esclarecida por la investigación de la UFI de Delitos Especiales.

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Por último, el Caso Ramírez se inició con una denuncia penal radicada el 5 de diciembre por la muerte de José Mario Ramírez, de 64 años, quien falleció el 27 de noviembre en el Hospital Rawson. La denuncia se enfoca en el accionar del personal médico que lo atendió días antes en el Hospital Marcial Quiroga, a donde había ingresado por un cuadro de hipertensión arterial. El hijo del fallecido denunció que, tras un incidente en el que el paciente sufrió una importante pérdida de sangre en la zona pélvica, la respuesta médica fue insuficiente. La familia, que también solicitó una autopsia completa y el secuestro de las historias clínicas de ambos hospitales, busca determinar si existieron responsabilidades penales y si el fallecimiento está directamente relacionado con la atención brindada.

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