Los dos juicios por mala praxis que recientemente sacudieron a San Juan, el caso de Julieta Viñales, que terminó con la condena del otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, y el caso del bebé Lorenzo Narváez Barrionuevo, que derivó en la condena de la obstetra Daniela Saldívar, presentaron una coincidencia inquietante: además del profesional condenado en cada proceso, otros médicos quedaron bajo sospecha por haber brindado un supuesto falso testimonio durante los debates orales.
Aunque se trata de eventos médicos y contextos distintos, ambos juicios dejaron expuesta la tensión entre la práctica profesional, las responsabilidades penales y la confrontación entre peritajes y relatos clínicos. Es por eso que, tras la participación de los colegas de los imputados por mala praxis, se sembraron sospechas en las declaraciones de algunos de ellos y, a pedido de las autoridades, serán investigados por la Justicia.
Es que dichos testigos podrían haber faltado a la verdad para favorecer a un colega, lo que disparó pedidos formales para investigar su conducta bajo la figura del artículo 275 del Código Penal, un ilícito que prevé un castigo de un mes a cuatro años de prisión.
En la causa de Viñales, en los fundamentos del fallo condenatorio contra Babsía, el juez Ricardo Moine pidió que los médicos Gema Leguiza y Diego Martínez fueran investigados por la presunta comisión de falso testimonio. Acorde los argumentos que esgrimió el magistrado, los profesionales de la salud habrían descrito el procedimiento de intubación como simple, rápido y sin dificultades, pese a que otros médicos y una enfermera afirmaron que la intubación fue compleja y problemática.
Incluso, el juez señaló en su sentencia que una lesión esofágica y el daño a la arteria carótida sugerían una maniobra traumática. Fue por ello que concluyó que, de algún modo, habrían intentado presentar un escenario clínico "exitoso" en contradicción con el resto de la evidencia. En ese marco, la resolución -que fue impugnada- debería quedar firme para que las actuaciones sean remitidas a la UFI Genérica y se inicie una investigación preliminar para con los médicos.
En el caso Saldívar, fue la fiscalía la que solicitó que Paula Belén Rubia Lauria (anestesióloga) y Mariana Flichman (médica legal) sean investigadas por falso testimonio. El fiscal Francisco Micheltorena consideró que las profesionales habrían intentado favorecer a la imputada mediante declaraciones o informes irregulares.
El Ministerio Público, que instruyó el caso que finalizó con una condena para la obstetra, remarcó que lo expuesto por las médicas resultó omisivo respecto del sufrimiento fetal y de las fallas en la atención del parto. Fue por ello que desde la UFI de Delitos Especiales señalaron que habrían afirmado falsedades para generar un marco de normalidad clínica que no existió.
De igual modo que el caso anterior, la instrucción preliminar iniciaría una vez que el fallo quede firme, ya que también fue impugnado por las partes que no quedaron conformes con el año de prisión en suspenso y los 5 años de inhabilitación a ejercer la medicina que dictó el juez Alberto Caballero. Si el mismo fuera respaldado por las vías superiores, las actuaciones se remitirían a la UFI Genérica.
La coincidencia, al menos en estos dos casos, abre la puerta de las especulaciones sobre supuestas maniobras de colegas que intentan protegerse mutuamente. Lo cierto es que, para afirmar tal cuestión, en ambas situaciones deberán comprobarse las sospechas para afirmar tal cosa.
