Activación del protocolo por medio de llamada
Si lo llevamos puntualmente al terreno de la actuación ante amenazas de bomba, el protocolo se activa una vez que ingresa la llamada. Generalmente es un operario del 911 quien recibe la comunicación y, conforme a lo que se puede recabar en los audios que luego se dan a conocer, los mensajes suelen ser escuetos y no hay interacción entre quien amenaza con quien atiende. En todos los casos, la actuación inminente del operador es fundamental para ganar tiempo. Si bien del total de llamadas que se reciben, del 80 al 90% no representa peligrosidad, no se debe subestimar una amenaza.
Desde el CISEM 911 se informa a la Brigada de Explosivos como también al personal policial que pueda estar cerca del punto donde se indicó la presencia del detonante para las primeras actuaciones de prevención y seguridad, como corte de calle.
Actuaciones en el lugar de los hechos
Una vez trasladados los equipos se inician las tareas de investigación previas. Esto consiste en analizar todo el contexto que rodea al edificio señalado como punto vulnerable. Si es una escuela se estudia el horario de permanencia, edades de alumnos, si hay o no examen ese día, viviendas e instituciones lindantes, entre otros. Lo mismo sucede con otros espacios como hospitales o el Centro Cívico.
Además, se realiza un análisis del audio de la amenaza, prestando atención al tono de voz, ruidos de fondo, la forma en la que se enuncia el mensaje. El estudio minucioso de cada segundo permite tener de antemano una lectura sobre la situación a la que se están enfrentando.
También se procede a realizar entrevistas a los presentes para determinar si hubo movimientos extraños o atípicos durante las horas previas a la recepción de la amenaza.
Con todos estos aspectos analizados, se define el grado de evacuación a ejecutar, ya que no siempre es necesario evacuar hacia el exterior del edificio o la totalidad del mismo. En el caso de una escuela, por ejemplo, es más seguro que la comunidad educativa se traslade a un patio interno al aire libre a que niños salgan a la vía pública donde puedan estar expuestos a riesgos mayores (un accidente de tránsito, extravío o víctimas de circunstancias similares).
En el caso de proceder a la evacuación, el personal de bomberos y policía solicitan a cada persona que traslade sus pertenencias consigo, ya que al realizar la inspección en el lugar, de encontrar un bolso u objeto ajeno al contexto debe sí o sí ser revisado, tal cual indica el protocolo.
Una vez que el espacio señalado por la amenaza se encuentra despejado de personas que no forman parte del operativo, personal de la Brigada comienza la difícil tarea de revisar cada metro cuadrado descartando o confirmado la presencia de un explosivo. El tiempo dependerá de la cantidad de personal disponible como de la extensión que se deba rastrillar.
Al confirmar que no hay explosivo ni nada que ponga en riesgo la vida de las personas, se puede retornar a la actividad normal, quedando en manos de la Justicia identificar a la persona que realizó la llamada y proceder a juzgar y condenar.
Finalizado el operativo, comienza el cálculo del gasto
El despliegue de personal, equipamiento, movilidad y todo lo que conlleva una amenaza de bomba no es gratis.
Durante los primeros días de junio, tras una seguidilla de cuatro amenazas en menos de una semana, el secretario de Seguridad Enrique Delgado aseguró que cada intervención tenía un costo promedio de 3 millones de pesos.
El cálculo se realiza considerando los siguientes factores: cantidad de personal que participó en el operativo, tiempo que demandó el mismo, traslados, uso de recursos esenciales como de equipamiento. Ante un despliegue mayor, como lo sucedido el 1 de agosto con el recital de Lali en el Estadio Aldo Cantoni, el monto se duplica, debido a que se necesitó una mayor cantidad de personal en la intervención. En ese caso en particular, el operativo tuvo un costo de $6.372.334.
El cálculo lo realizan desde la Policía de San Juan y es comunicado a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía de Estado para que lo trasladen al autor de la llamada. Si bien antes esto no sucedía y el gasto del operativo lo absorbía el Estado provincial, desde el incremento de amenazas como una medida de concientización se determinó que los autores de las alertas falsas se hicieran responsable de los costos del operativo.
El hallazgo de explosivos, sin llamadas amenazantes
La Brigada de Explosivos no solo actúa ante una amenaza de bomba. Promedio tienen dos a tres intervenciones por semana en concepto de inspecciones en actividades protocolares, más las solicitudes que se hagan en caso de hallazgo de explosivos.
En ese ultimo aspecto, en promedio se registran cinco hechos positivos al año, salvó durante el 2019 cuando los resultados positivos fueron 12, uno de los más elevados de la última década.
En lo que va del 2025, la Brigada tuvo tres intervenciones positivas. Explicadas por el comisario Domínguez, las mismas fueron:
*Más de 300 detonadores en el Dique Punta Negra: el hallazgo lo hicieron unos pescadores y se presumió en su momento que quedaron expuestos tras la bajada de agua. Entre las hipótesis barajadas no se descartaba que fueran parte de los explosivos utilizados en voladuras para la construcción del dique que quedaron olvidados. Esto fue en mayo.
*Una granada de mano en Caucete: el dispositivo listo para su explosión fue encontrado por trabajadores mientras realizaban la recolección de basura. Afortunadamente contaba con la argolla de seguridad por lo que el desenlace no fue peor. Esto sucedió en febrero.
*Dispositivo explosivo frente al Parque Faunístico: el hallazgo fue en la zona de Rivadavia y de inmediato se activó el protocolo debido a que en un inicio se desconocía la naturaleza del explosivo. Esto sucedió en abril.
Prevención y concientización, los pilares para evitar el incremento de falsas amenazas de bomba
Durante este año, al detectar que las amenazas se realizaban con mayor frecuencia, se elaboró en conjunto entre la Policía de San Juan y la Secretaría de Seguridad un proyecto que consta en llegar con charlas a cada una de las escuelas de la provincia.
El propósito principal es poder generar conciencia en los niños y niñas de San Juan, para que sean éstos quienes trasladen la información a sus familias, compartiendo las implicaciones sociales y económicas que tiene estos actos.
Las charlas serán brindadas por personal policial capacitado, quienes no solo compartirán cómo es el proceder ante una amenaza de bomba, sino también los riesgos que conlleva tomar el tema sin la seriedad que merece, con el propósito que los casos disminuyan.
Sobre este aspecto, la subjefa Álamo comentó que actualmente están registrando un nivel de conciencia social ante los llamados, pero ello no implica que el operativo no deba realizarse ante una alerta, por más que haya indicios de falsedad. “En el caso de la Escuela Boero, por ejemplo, luego de recibir la llamada con la amenaza se recibió otra comunicación al 911 de un alumno de la misma escuela poniendo en conocimiento al operador que la amenaza era falsa. Pese a ello, el operativo se debió desarrollar igual ya que se considera que el peligro es inminente”.
Actualmente el proyecto se encuentra en la órbita de la Secretaría de Seguridad, quienes están coordinando acciones con el Ministerio de Educación definiendo detalles sobre la implementación de estas charlas.
Es importante destacar que mientras se espera la implementación de este proyecto, las autoridades escolares pueden solicitar estas charlas de manera particular. La Crio. Álamo explica que solo se debe dirigir una nota a la Jefatura de la Policía o a la Secretaría de Seguridad para coordinar acciones.
Es importante comprender el desafío complejo que representa una falsa amenaza de bomba. La respuesta protocolar debe ser meticulosa y rápida; se despliega un operativo con todo el personal que se tenga a disposición, más recursos materiales fundamentales que representan un gran costo al Estado; eso, sin perder de vista la perturbación social que genera una amenaza. Es por ello que la educación y concientización como sociedad son fundamentales para evitar que este tipo de hechos continúen propagándose, desviando los esfuerzos y recursos a episodios que realmente merezcan la intervención del personal capacitado.
