Antes de que se presente, el proyecto del orreguismo para cambiar la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales en San Juan ya genera inquietudes.
sábado 21 de marzo 2026
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SUSCRIBITEEl Consejo de la Magistratura es una de las dos patas de la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales en San Juan. Qué opinan sus cinco miembros sobre la idea del orreguismo de sumarles asesoramiento de docentes de Derecho de las universidades.
Antes de que se presente, el proyecto del orreguismo para cambiar la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales en San Juan ya genera inquietudes.
Es que uno de los ejes de la propuesta oficialista es que dentro del proceso de selección de la terna de ganadores colabore con el Consejo de la Magistratura un cuerpo asesor, integrado por docentes especialistas en derecho de las universidades que funcionan en la provincia. La idea para los actuales integrantes del Consejo genera cuestionamientos directos en dos de ellos y tres se mostraron cautos en opinar, según un relevamiento de TIEMPO DE SAN JUAN.
Días atrás se conoció que el orreguismo ya tiene listo el proyecto de ley de reforma judicial cuyo ingreso es inminente a la Cámara de Diputados de San Juan para su debate y tratamiento. Se trata de la modificación de la norma que regula el Consejo de la Magistratura, que establece el procedimiento para designar jueces, fiscales y defensores en los tribunales provinciales. El jefe de la bancada oficialista, Juan Córdoba, adelantó algunos parámetros de la propuesta que el Interbloque Cambia San Juan prevé para poder mermar la influencia de la política partidaria en la elección de funcionarios judiciales.
En resumen, se trata de dos cambios referidos a los postulantes que son la existencia de una prueba escrita que definirá un orden de mérito de acuerdo a la nota que saquen; y el requisito de presentación del certificado de salud mental y aptitud psicológica del concursante. Por el lado del jurado en la instancia del Consejo de la Magistratura, se contempla que cada uno de los consejeros tenga que fundar el voto. Y también, y acá está la controversia, que se sume un asesoramiento por parte de docentes universitarios para la redacción de los exámenes y su corrección.
El orreguismo busca darle transparencia a este circuito eminentemente político que se presta hoy para amiguismos y que desde 1986 se usa sin cambios.
El procedimiento se dispara cuando la Corte de Justicia comunica una vacancia al Consejo y éste último llama a un concurso, toma entrevistas a los abogados que se anotan y arma una terna por cada cargo, la que va a Legislatura. Allí, la comisión de Justicia y Seguridad vuelve a tomar entrevistas a los ternados y elige. El nombre va a votación en el recinto, y se impone con mayoría simple el elegido o la elegida que termina ganando el cargo.
El actual Consejo de la Magistratura está conformado por Juan José Victoria por la Corte de Justicia; la representante del Ejecutivo, Laura Palma (ministra de Gobierno); la representante del Legislativo, Fernanda Paredes (PJ); y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres.
Los que mostraron abiertamente reparos sobre la idea de que los asesoren docentes universitarios a la hora de elegir los tres preseleccionados para cada cargo son el cortista Victoria y la diputada Paredes, mientras que Palma y los dos representantes del Foro de Abogados se mostraron cautelosos de opinar.
Ante la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN sobre si le parece bien que se incorpore un equipo de profesionales de las universidades para asesorar al Consejo que él preside, respondió que "no sé si me parece bien o mal, no conozco el proyecto, son todas versiones periodísticas. Hay que evaluarlo para ver qué es lo que sacan, qué es lo que proponen, qué es la ley que saca. Pero el funcionamiento del Consejo está normado en la Constitución", dijo sobre la hipótesis que se escuchó años atrás de que sumar roles en el funcionamiento del CM es inconstitucional. No obstante, sobre si cree o no necesario un asesoramiento externo en los exámenes y las correcciones a postulantes, Victoria disparó: "Hablo por mí. Personalmente, no".
El cortista analizó, en rueda de prensa, algunos detalles de su trabajo como consejero: "Lo que vos evaluás en una entrevista, por supuesto, que son los conocimientos técnicos. No sé si ustedes han preguntado, pero para hacer la terna de lo que fue el Juzgado de Familia, el comentario de los postulantes era... 'Che, guarda, cuando entrás, que preguntan fino'. Eso es evaluar cuestiones técnicas. Y después vos te das cuenta del perfil, cuando vos estás charlando con el postulante, te das cuenta del perfil que tiene, si tiene autoridad, si tiene decisión, si tiene... de cómo contesta, de muchas cosas te das cuenta que te hacen luego definir y proponerlos en la terna".
Y agregó: "por eso digo que muchas veces dicen, 'che, ¿por qué postularon a Juan?, Porque no es muy conocido, no es...' Pero bueno, andá y mirá la entrevista. Ojeále los antecedentes. Entonces, no sé si hay gente que se preocupe por eso. Acá dicen que van a modificar la ley, que esto, que profesores, que asesores del Consejo...", se quejó. Y reconoció que "pesa la política porque va a la Cámara de Diputados y es la Cámara de Diputados el que elige el juez. Y la Cámara de Diputados es política".
Por otro lado, defendió el trabajo actual del Concejo de la Magistratura. "Hacemos todos los esfuerzos y nos juntamos las veces que haga falta para intentar cumplir y no incurrir en lo que pasa en la Nación. Por ejemplo, ustedes deben escuchar la cantidad de cargos vacantes que hay en la Nación y eso hace a una mala administración de justicia o falta gente para administrar. Y nosotros acá en San Juan tenemos todos los cargos cubiertos y cada vez que se produce una vacante tratamos de cumplir con eso para no resentir el servicio de Justicia".
La diputada del PJ Fernanda Paredes ocupa un doble rol en el proceso actual de selección de funcionarios judiciales. Es consejera y a la vez, en la instancia legislativa, integra la Comisión de Justicia, con lo que evalúa por partida doble a los concursantes. Ante la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN sobre su opinión acerca de la reforma judicial postuló que sumar profesionales de las universidades sería inconstitucional.
Expresó que "antes que nada me parece importante aclarar que opinamos sobre dichos o declaraciones de otros porque aún no hay proyecto formal presentado en Diputados".
Aclarado ese punto, analizó que "en primer término, conforme al artículo 216 de la Constitución Provincial, es función del Consejo de la Magistratura 'organizar y resolver los concursos, así como también dictar su reglamento de organización y funcionamiento'. Por lo tanto, es la propia Constitución la que establece de manera clarísima que dicha facultad corresponde exclusivamente al Consejo.
Asimismo, el artículo 214 de la misma Constitución provincial determina quiénes son los integrantes del Consejo de la Magistratura: dos abogados del foro, un legislador, un miembro de la Corte de Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo. En consecuencia, cualquier otra persona, sector o institución que pretenda intervenir o asesorar en estas funciones estaría actuando en contradicción con lo establecido por la Constitución, y, por lo tanto, sería inconstitucional.
Reitero: en mi opinión la norma constitucional es clara. En virtud de ello, cabe preguntarse qué es lo que realmente se busca modificar: ¿el sistema de selección de jueces o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? Una vez que se aclare ese punto, podrá analizarse si la reforma que se pretende llevar adelante debe instrumentarse a través de una ley o, por el contrario, requiere una modificación de rango constitucional".
La ministra de Gobierno de Marcelo Orrego integra el Consejo por la parte que le corresponde al Poder Ejecutivo y desde su entorno informaron que no va a opinar sobre la idea del orreguismo, que es su sector político con lo que se entiende que estará a favor de los ejes principales del proyecto. "No tiene conocimiento formal. Por lo cual no va a opinar por el momento", dijeron las fuentes sobre su postura.
Los dos abogados que representan al Foro se mostraron medidos de opinar. "No he tenido el texto del proyecto para leerlo y tener una opinión formada al respecto. Solo información y comentarios, que a mi criterio son insuficientes para emitir una opinión. Preferiría leerlo completo antes de dar una opinión", dijo Raúl Acosta.
Por su parte, Valeria Torres respondió que "no conozco el proyecto. Tendría que leerlo y verlo, no lo conozco, solamente lo que dice en los diarios. Sí, modernizarlo y adaptarlo me parece que estaría bien, pero no lo conocemos en el Consejo ni yo, solo por los medios sabemos".
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