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SUSCRIBITE Declaró la empleada pública sanjuanina que fue echada de la Administración Pública. Indicó que retuvo los expedientes en la oficina cobrando su sueldo completo y aclaró que sus compañeros no tienen nada que ver con la demora del pago. Es decir, se atribuyó toda la responsabilidad.
Esto se da luego de que retuvo los expedientes provenientes de sentencias judiciales que solicitaron el embargo de sueldos de ella y de dos de sus compañeros. Ella es Roxana Elizabeth Esteban, que trabajaba en el agrupamiento administrativo sanitario como jefa de dicha unidad en la Sección Legajo, departamento personal, Nivel Central.
A través de un Boletín Oficial, se dio a conocer que la investigación inició como consecuencia de una denuncia que había sido realizada por la contadora pública nacional Mónica Montemurro, en su carácter de Directora Administrativa del Ministerio de Salud Pública. Allí manifestaban el mal accionar de la agente Esteban.
Todo comienza en la irregularidad detectada consiste en la demora de expedientes referidos a embargos de sueldos del personal. La autoridad en ejercicio de las facultades establecidas por la legislación vigente ordenó que se iniciara un sumario administrativo el 28 de enero de 2020 a los fines de esclarecer las causas que dieron lugar al hecho denunciado y deslindar responsabilidades.
En la resolución, está firmada por el gobernador Sergio Uñac, mencionaron que se dio cumplimiento con las etapas del procedimiento sumarial asegurando el ejercicio de derecho a defensa y el debido proceso.
En el boletín indicaron que la agente no presentó los servicios con eficiencia, capacidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes. A todo esto se le suma que no observó en el trabajo y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que el Estado exige.
Según las pruebas presentadas, se descubrió que la funcionaria despedida retrasaba sin justificación los expedientes que contenían órdenes judiciales para embargar salarios, tanto los suyos como los de sus dos colegas, Ana María Rafaela Álvarez y José Daniel Córdoba.
Estos retrasos eran injustificados y quedaron registrados en el sistema integrado de recepción y envío de documentos. Se señaló que su comportamiento fue negligente, ya que no cumplía con sus tareas a tiempo.
La funcionaria admitió su error al afirmar que "tomó una decisión equivocada al retener los expedientes". Exoneró a sus compañeros de responsabilidad. La Asesoría Letrada recomendó imponerle la sanción de despido por sus reiteradas faltas en el cumplimiento de sus obligaciones y la violación de las prohibiciones. Finalmente, el gobernador decidió despedirla de su cargo.