En una jornada marcada por la preocupación institucional ante la falta de fondos, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó por unanimidad la declaración de emergencia salarial y presupuestaria. La decisión se tomó durante la primera sesión extraordinaria del año, donde el cuerpo legislativo universitario manifestó su adhesión total al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El eje central del reclamo es la exigencia al Gobierno nacional para que aplique de manera efectiva la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, una norma aprobada el año pasado que aún no ha sido implementada por el Poder Ejecutivo.
Al inicio del encuentro, el rector Tadeo Berenguer presentó un análisis detallado sobre la situación crítica que atraviesa el sistema público argentino y el impacto directo que esto tiene sobre la UNSJ. El rector subrayó que la falta de ejecución de la ley impide la necesaria recomposición de los salarios docentes y nodocentes, quienes han visto una depreciación constante de sus ingresos en los últimos meses. Durante el debate, tomaron la palabra representantes del frente gremial integrados por SIDUNSJ, ADICUS, UDA y APUNSJ, junto con referentes de la Federación Universitaria, quienes coincidieron en que el escenario actual compromete las condiciones básicas para el funcionamiento de la casa de altos estudios.
Berenguer destacó que la resolución es fruto de un debate enriquecedor que permitió unificar posturas frente a la urgencia de convocar a paritarias. Según lo expresado por las autoridades, el cumplimiento de la ley no solo es una cuestión de sueldos, sino que también contempla la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico-tecnológico y el ajuste de los montos destinados a las becas estudiantiles. En este sentido, la institución advirtió que la demora en estas partidas afecta directamente el desarrollo de las actividades académicas y científicas, consideradas pilares estratégicos para el crecimiento de la provincia y del país.
Finalmente, el Consejo Superior ratificó que el normal desarrollo del ciclo lectivo depende de la voluntad política para aplicar la normativa vigente. El organismo nacional que nuclea a los rectores ya había advertido que han transcurrido cuatro meses desde la sanción de la ley sin que se cumplan las disposiciones que garantizan la operatividad del sistema.
