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SUSCRIBITELa intendenta de Caucete que ya se pagaron el sueldo y el aguinaldo adeudados a dos funcionarios municipales, luego de la denuncia y la intimación del Concejo Deliberante.
La intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmó este viernes que ya fueron abonados los haberes adeudados -tanto un sueldo mensual como el aguinaldo- al juez de Faltas municipal, Julio César Mas Mulet, y a la secretaria del mismo juzgado, Delfina Gabriela Gil, luego de que ambos presentaran una denuncia por presunta discriminación en el pago de salarios a través del abogado Oscar Gabriel Silva.
En declaraciones a Tiempo de San Juan, Rosas sostuvo que “a ellos ya se les ha abonado su sueldo” y aclaró que el atraso respondió a una decisión administrativa de su gestión. “Las autoridades cobran después de la planta permanente y de los becados, es una decisión particular teniendo en cuenta que los recursos también son los que tengo que administrar yo como intendenta”, dijo.
La jefa comunal explicó que el retraso en los pagos estuvo relacionado con la dinámica de ingreso de fondos al municipio: “Los fondos van llegando semanalmente, vamos distribuyendo. Está dentro de mis funciones como intendenta la administración de los recursos”, afirmó.
La aclaración de Rosas se produjo tras la resolución emitida el pasado lunes 21 de julio por el Concejo Deliberante de Caucete, que intimó a la intendenta a pagar “de forma inmediata” los sueldos de Mas Mulet y Gil correspondientes al mes de junio y la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC). La medida, que lleva el número 1071-CD-2025, surgió a raíz de una presentación del abogado Oscar Gabriel Silva, representante de los funcionarios.
En la denuncia, Silva sostuvo que sus representados forman parte de la planta permanente bajo el régimen de “autoridades superiores” y no de “planta política”, por lo que sus haberes debían abonarse en idénticas condiciones que al resto del personal permanente. Además, señaló que el municipio ya había recibido las partidas presupuestarias correspondientes para afrontar los pagos.
En su defensa, Rosas cuestionó el enfoque de la denuncia y sugirió que la misma responde a intereses políticos: “Claramente es un accionar político, en búsqueda de ruido político, de sumarse a un desgaste que viene generando también el gobierno de la provincia hacia esta intendenta”, dijo.
Asimismo, la intendenta planteó que el reclamo podría haberse canalizado de otra manera: “Podría haber un reclamo administrativo normal, una nota solicitando que se les abone el sueldo, pero sin embargo han elegido el camino de una denuncia en el Concejo Deliberante con una cuestión mediática de por medio”.
La resolución del Concejo había fundamentado que la postergación del pago podía constituir una violación al principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16° de la Constitución Nacional y que no existía norma que avalara dicha decisión. Incluso advirtió que podría encuadrar en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por último, Rosas insistió en que su gestión prioriza el pago a los trabajadores de menores ingresos: “En tiempos difíciles como ahora, es razonable priorizar a quienes dependen exclusivamente del salario para vivir”, subrayó. Sin embargo, confirmó que tanto el sueldo como el aguinaldo ya fueron depositados a los funcionarios denunciantes.