Luego de que la Fiscalía General se mostrara preocupada por la designación de jueces por parte de la Oficina Judicial, dependiente de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia, y le pidiera inmediata intervención al máximo tribunal para evitar la elección a discreción, trascendió que plantearon la nulidad en una causa por esa misma razón.
Fue en el caso que investiga el alquiler irregular de la cancha de hockey de La Granja, luego de que el defensor de uno de los imputados cuestionara el cambio de jueces -sin aviso- para el mismo proceso. Si bien el hecho se había advertido en una de las audiencias, cuando las defensas se preguntaron por qué no estaba la jueza natural y en su lugar había otra, el planteo se realizó formalmente más tarde.
Lo hizo la defensa conjunta de Franco Montes y Marcelo Fernández Valdez, que representa al principal acusado Miguel Jofré, con el argumento de que resulta inconstitucional el cambio deliberado de magistrados, así como también su selección para las causas. Como respuesta, la jueza natural de la causa, María Gema Guerrero, rechazó el planteo de nulidad alegando que el Colegio de Jueces es uno solo y por ello los abogados acudieron a una instancia superior. Si bien ocurrió dos semanas atrás, se conoció este martes mediante la confirmación de uno de los protagonistas.
Quien preside el Foro de Abogados, e hizo la presentación que será tratada por el Tribunal de Impugnación, explicó que los motivos de Guerrero estuvieron fundados en la Acordada de Superintendencia que dispone la asignación de un juez que no previno en la causa, en caso de que el juez inicial esté impedido de participar. Por lo tanto pidieron la nulidad de todo lo actuado a partir de la intervención de la magistrado (Carolina Parra) que actuó de forma circunstancial.
"Entendemos que esta sustitución es inconstitucional y en función de ello apelamos la resolución", manifestó el letrado que aguarda fecha para la audiencia en Impugnación y que se resuelva dicha cuestión.
En ese mismo sentido, desde la Asociación de Abogados Penalistas emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la posible elección a dedo de los jueces en las causas penales, lo cual no sólo afectaría el ejercicio y derecho de defensa sino la garantía de todo el proceso.
ASAP puso la lupa sobre la división de actividades de jueces, entre un turno matutino y otro vespertino, y también fijo la mira sobre la extensión de las facultades de la Oficina Judicial, cuya misión es administrativa y corresponde a la organización de audiencias en el fuero penal.
"El método (de selección de jueces) que podría llegar a posibilitar, en la praxis, el conocimiento anticipado del o los magistrados que pudieran llegar a intervenir en cada legajo, pudiendo llegar a producir de éste modo, idénticos inconvenientes a los que ocasionó en su momento el sistema procesal mixto".
Además, concluyeron con que asignar "un juez distinto" es una facultad que "pone en serio compromiso la vigencia de la garantía constitucional de juez natural e imparcial".
El Ministerio Público denunció la irregularidad en la designación de los jueces para las causas penales y mediante un oficio solicitó que se determine en la Corte un criterio para la elección.