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SUSCRIBITEA través de un comunicado, el Ministerio Público advirtió que la irregularidad sería cometida por parte de la Oficina Judicial, dependiente de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia. Por ello, solicitó la inmediata intervención del máximo órgano de Justicia.
La Fiscalía General denunció que un organismo dependiente de la Corte de Justicia de San Juan asigna jueces de Garantía a causas penales a dedo, por lo que ello representa un grave peligro para la sociedad y el servicio de Justicia. Por tal razón, solicitó la inmediata intervención al máximo tribunal para que fije un criterio objetivo.
Acorde manifestó el Ministerio Público, representado por Eduardo Quattropani, se han llevado adelante disposiciones de instrumentos jurídicos que exceden las facultades de la Oficina Judicial, repartición dependiente de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia, dejando abierta la posibilidad de digitar, de modo total o parcial, la asignación de jueces a causas, lo que "violenta el principio de juez natural".
Un acuerdo de Superintendencia dispone que la Oficina Judicial debe programar audiencias en la Investigación Penal Preparatoria y asignar el juez que tuvo primera intervención con las causas respectivas. No obstante, a fines de favorecer la distribución de tareas entre magistrados, también fija la asignación de un juez diferente, si el inicial está imposibilitado de acudir a la audiencia.
Para la Fiscalía ello representa una contradicción que debe ser subsanada, puesto que el mismo Código Procesal Penal de San Juan impone el supuesto de disponibilidad de competencia "post factum". Por tanto, señala que la facultad de la Oficina Judicial afecta los principios de indelegabilidad e indisponibilidad de competencias, "cuyo relato es la prohibición de avocación, es decir, de asignaciones discrecionales de los procesos".
Según manifiesta la parte denunciante, la situación excedería las causas taxativas de subrogación y tal cuestión evidencia "un serio peligro de selección arbitraria que compromete seriamente la garantía de imparcialidad". De esta manera, señala que la Oficina que depende de la Secretaría Administrativa tiene la potestad de cambiar un juez por otro por fuera de los casos previstos por la ley.
Este hecho, para Quattropani reviste gravedad institucional por lo que solicitó con urgencia que se determine algún tipo de medida definitoria sobre la cuestión.
Además, advierte que existe una subdivisión de los integrantes del Colegio de Jueces no autorizada y discrecional, separándolos en grupos de trabajo en horario matutino y vespertino. "Aunque sea parcialmente, queda en cabeza de estos sujetos (Oficina Judicial o Secretaría Administrativa) la indicación o individualización de jueces que intervendrán en la causa, lo que constituye un gravísimo peligro, en especial para los justiciables y en general para la recta de administración de Justicia".