Después de que se conocieran los nombres de los 35 candidatos a convertirse en el nuevo Fiscal General, el proceso de selección continuará con una etapa clave del concurso y que podría generar sorpresas. Se trata de las impugnaciones a los postulantes, que están previstas para los dos últimos días hábiles del mes y el primero del próximo, es decir, 28 y 29 de agosto y 1 de septiembre.
Es que la posibilidad de ser entrevistados por el Consejo de la Magistratura podría verse frustrada para algunos de los concursantes, si es que alguien presenta oposición a su candidatura. Sin embargo, fuentes ligadas al procedimiento indicaron que, si algo así sucediera, resultaría extraño ya que, en los períodos anteriores, no se registró un episodio de similares características.
En ese marco y en atención al vencimiento del plazo de impugnación, el cuerpo, compuesto por el miembro de la Corte de Justicia Juan José Victoria; los representantes del Foro de Abogados Raúl Acosta y Valeria Torres; la ministra de Gobierno Laura Palma; y la diputada Fernanda Paredes, fijará las fechas para las entrevistas.
En los siguientes dos meses, se prevé que el Consejo conozca a fondo los aspirantes, sus antecedentes y sus laureles, con el objetivo de designar a los integrantes de la terna que irá a la Cámara de Diputados. En lo que será un sesión histórica, de los tres preseleccionados, los legisladores provinciales optarán por el elegido a ocupar el sillón vacío que dejó Eduardo Quattropani, tras su muerte y 32 años en el puesto.
Si bien este diario publicó un listado preliminar con 27 postulantes el viernes por la noche, antes de que cerraran las inscripciones, durante el fin de semana trascendió la nómina completa. Las figuras que se presentaron generaron impacto, dado el tener de las mismas pues hay fiscales y jueces de alto perfil, como así también penalistas de renombre y demás personajes de alto vuelo mediático.
Entre las primeras reacciones, hubo quienes opinaron sobre la condición excluyente que debería tener el sucesor de Jimmy y es que sea un experto en derecho penal y que conozca en profundidad tanto el funcionamiento del Sistema Acusatorio, como las tareas que desempeñan cada una de las unidades fiscales, teniendo en cuenta que se convertirá en la cabeza del Ministerio Público, entidad que lleva al frente todas las investigaciones penales de la provincia.