En una jornada intensa de actividad política, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una reunión estratégica con senadores de los bloques aliados para pulir los detalles del proyecto de reforma laboral. El encuentro, que duró más de dos horas en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR), tuvo como objetivo central recolectar y "pasar en limpio" las modificaciones solicitadas por los legisladores para garantizar el avance del dictamen de mayoría en las sesiones extraordinarias.
Al término del cónclave, Bullrich se mostró optimista y afirmó que existe un "acuerdo bastante consolidado" que permitirá avanzar hacia la sanción de la ley, prevista idealmente para la primera quincena de febrero. Sin embargo, la senadora reconoció que el texto original sufrirá modificaciones para atender los reclamos de las provincias y de la bancada radical.
Los ejes de la negociación: Ganancias y recursos provinciales
Uno de los puntos de mayor tensión es el capítulo fiscal, específicamente lo referido al impuesto a las Ganancias. El proyecto actual contempla una reducción de cuatro puntos porcentuales en la alícuota para grandes sociedades, una medida que genera fuerte resistencia entre los gobernadores aliados. Dado que este tributo es coparticipable, las provincias temen una caída significativa en sus recursos.
Según fuentes cercanas a la negociación, los mandatarios provinciales han planteado dos alternativas: eliminar directamente la reducción impositiva o estirar los plazos para mitigar el impacto fiscal inmediato. Desde el oficialismo, figuras como Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, se muestran dispuestos a ceder en este punto para asegurar el acompañamiento de provincias como Salta, Misiones, Corrientes y Santa Cruz.
La pulseada por los aportes sindicales
Otro reclamo fundamental proviene de la UCR, que cuenta con diez votos decisivos en la Cámara Alta. El bloque radical insiste en volver a incluir un artículo que fue retirado del proyecto tras las presiones de la CGT: la eliminación de los aportes obligatorios que realizan los trabajadores no afiliados a los sindicatos.
Este beneficio, que genera ingresos millonarios a los gremios —estimados en u$s685 millones anuales solo para los diez sectores más grandes—, es visto por el radicalismo como una herramienta necesaria para "licuar el poder" sindical. Aunque el ala más dura del Gobierno, representada por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, originalmente apoyaba esta medida, el Ejecutivo la había descartado por pragmatismo político ante la central obrera. Ahora, la insistencia de los senadores aliados vuelve a poner el tema sobre la mesa de discusión.
Diferenciación para PyMES y próximos pasos
Durante la reunión, el senador radical Eduardo Vischi subrayó la necesidad de establecer diferenciaciones entre empresas grandes, medianas y chicas, argumentando que no se puede aplicar la misma normativa a todos los sectores por igual. Vischi reafirmó el compromiso de colaborar para que la ley salga, asegurando que "la sociedad la está esperando", pero insistió en que deben resolverse las cuestiones federales y tributarias pendientes.
A partir de ahora, se iniciará una nueva etapa de diálogo entre el Senado y la Casa Rosada para terminar de redactar el articulado final. El oficialismo busca evitar nuevas derrotas legislativas y aspira a llegar al mes de marzo con la ley sancionada, lo que requerirá un delicado equilibrio entre las demandas de los gobernadores y las convicciones del ala económica del Gobierno
