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Renunció el Fiscal de Estado Jorge Alvo

Fuentes de la Fiscalía de Estado lo confirmaron a Tiempo de San Juan y adelantaron que por decreto del Ejecutivo se designará un nuevo fiscal adjunto que ocupe su lugar hasta que el sucesor sea nombrado, a través del Consejo de la Magistratura y la Cámara de Diputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de seis años de gestión, el Fiscal de Estado Jorge Alvo renunció a su cargo por motivos personales y, según detallaron fuentes de la Fiscalía de Estado, el hecho se concretará este miércoles cuando haga efectiva con la presentación formal de su dimisión. En su lugar quedará el fiscal adjunto y el mismo sería designado a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

Es que si bien el cargo puede quedar vacante hasta que se llame a concurso, el Consejo de la Magistratura defina la terna y luego la Cámara de Diputados elija a uno de los postulantes, el rol debe ser ejecutado por el fiscal adjunto y está previsto que el gobernador Marcelo Orrego escoja un nuevo nombre en lugar del actual adjunto, Gastón Orzanco.

El cargo que deja vacío Alvo tiene la investidura de un juez y por lo tanto su elección es la misma que la de un funcionario judicial. Es por eso que hasta que se produzca podrían pasar varios meses y por eso, mediante un decreto provincial, se estima que también el miércoles ocurra la designación. Por ahora se desconoce quién será el sustituto elegido por el mandatario, tal como está previsto en los estatutos provinciales.

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Del 22 de mayo de 2017, el día de la jura de Alvo como Fiscal de Estado

Del 22 de mayo de 2017, el día de la jura de Alvo como Fiscal de Estado

En mayo de 2017, Alvo resultó electo por unanimidad de los bloques en Diputados y, con más de 30 años de experiencia en la Justicia, se convirtió en el hombre destinado a defender los intereses de la Provincia en el ámbito judicial, durante la gestión de Sergio Uñac. En aquel entonces sustituía a Guillermo De Santis, actual presidente de la Corte de Justicia.

La Fiscalía de Estado ejerce el control de la legalidad administrativa de la administración pública en general y, por sus importantes funciones establecidas por la Constitución Provincial, tiene la garantía de la inamovilidad. Es decir, el cargo es vitalicio y depende de la buena conducta del funcionario. Sin embargo, en esta oportunidad es una renuncia la que irrumpe en el escenario político local.

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