La Justicia federal ha comenzado a dar los primeros pasos para determinar si existieron irregularidades en una contratación millonaria impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. El fiscal federal Ramiro González solicitó medidas preliminares para analizar el expediente de la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, destinada al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno.
El foco de la denuncia: ¿Competencia real o ficticia?
La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (exintegrante de La Libertad Avanza), apunta a una presunta "apariencia ficticia de competencia" en el proceso licitatorio. El punto central del cuestionamiento es la participación de dos empresas, La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A., como oferentes dentro del mismo concurso.
Según la presentación judicial, un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de septiembre de 2024 ya habría advertido que ambas firmas integran un mismo grupo económico (Grupo Buena Vista SA) y comparten el mismo dueño. Para la denunciante, esta situación habría generado una "ficción licitatoria" destinada a simular competencia, afectando potencialmente el precio final y el patrimonio del Estado. El monto del contrato en cuestión asciende a los 700 millones de pesos.
Delitos investigados y estado de la causa
La presentación de Pagano detalla presuntos delitos de:
- Fraude en perjuicio de la administración pública.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por el momento, el fiscal González ha optado por la cautela y no ha impulsado imputaciones directas ni medidas de prueba de fondo. En su lugar, solicitó al juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Federal N° 2, que el Gobierno nacional entregue el expediente administrativo completo y brinde información sobre el estado actual del trámite.
Contexto político
Esta denuncia se enmarca en un distanciamiento político de la diputada Pagano respecto al gobierno de Javier Milei. La legisladora, que hoy integra el bloque “Coherencia”, ha promovido recientemente otras acciones judiciales contra funcionarios del entorno presidencial.
Una vez que la Justicia incorpore la documentación requerida, la fiscalía deberá evaluar si existen elementos suficientes para convertir estas medidas preliminares en una investigación penal formal contra la Secretaria General de la Presidencia.
