La semana pasada, se conoció que la Corte de Justicia envió a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para la creación de 5 cargos y, tras las especulaciones de cuántos millones le costarían al Estado en caso de ser aprobados, el nuevo presidente del máximo tribunal se refirió a la iniciativa legislativa del órgano, aunque no lo hizo para dar detalles de la presentación que tomó estado parlamentario, sino para informar que habían dado marcha atrás a los 80 cargos que impulsaban.
Es que en 2024, la autoridad judicial que ahora encabeza Daniel Olivares Yapur había presentado un proyecto de ley para la conformación de 80 cargos para la magistratura, personal técnico y administrativo y personal obrero, maestranza y servicio. El mismo argumentaba que el personal que desarrolla tarea en las distintas UFIs se encontraba “al límite de las posibilidades humanas, con riesgo concreto de que se produzca un colapso que ocasione la restricción del servicio”.
Allá por septiembre de ese año, el contexto de austeridad y de ajuste tras los pedidos del presidente Javier Milei en la confección del presupuesto de las provincias del 2025 hacía pensar que los 80 salarios jugosos podían generar rispideces. Es por eso que, si bien ingresó a la Legislatura, el proyecto no generó consenso y, finalmente, perdió el estado parlamentario.
Pese a la respuesta inicial de Diputados, la Corte sostenía su idea puertas adentro. Sin embargo, fue el propio Olivares Yapur el que aseguró que habían decidido poner un freno por el momento a su iniciativa por razones económicas. En otros medios de San Juan, indicó: "La crisis se ha agudizado y esa es la razón por la que decidimos que vamos a esperar".
No obstante, aprovechó la ocasión para aclarar que si la Corte lo pide es sumamente necesario. "La Corte, cuando ha hecho pedidos, los hizo en función de los nuevos sistemas, para que el ciudadano se vea beneficiado por la justicia. Considero que el Poder Judicial toma decisiones en función de las necesidades que hay", sostuvo palabras más, palabras menos.
Además, puntualizó que el universo de la justicia sanjuanina, entre empleados y funcionarios, alcanza a unas 2.000 personas y que el presupuesto del Poder Judicial "no inclina la balanza de la economía sanjuanina". En ese sentido, remarcó que hay otras provincias con la misma cantidad de habitantes que tienen más 4.000 agentes.
La declaraciones, previas a asumir en la presidencia de la Corte, fueron hechas después de que ganaran terreno las especulaciones sobre los costos que podían representar los cargos que pretendía crear con el último envío a Diputados. Tiempo de San Juan realizó un cálculo aproximado y el mismo superaría -de base- los $36.000.000 por mes; y significarían unos $432.000.000 extras anualmente al presupuesto.
La autoridad movió los hilos para que se generen nuevos puestos en la justicia sanjuanina que atenderían a la demanda que se supone que existe en la Segunda Circunscripción y en el fuero de Familia. Se trata de tres nuevos jueces de primera instancia, un asesor de menores y un juez de paz letrado. Ello ya fue ingresado a la Cámara y ahora será tratado en comisiones.
