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SUSCRIBITEEl máximo tribunal envió dos proyectos de ley que tomaron estado parlamentario este lunes para ser tratados en comisiones. Cuál sería el gasto aproximado -mínimo- de las arcas públicas para tres jueces de primera instancia, un asesor de menores y un juez de paz letrado.
La Corte de Justicia envió dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados para que se creen cinco cargos en el Poder Judicial y los mismos tomaron estado parlamentario este lunes 24 de febrero. En ese marco, Tiempo de San Juan realizó un cálculo aproximado de cuánto dinero le costaría al Estado provincial cumplir con las pretensiones del máximo tribunal, lo que superaría -de base- los $36.000.000 por mes.
En el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa, la autoridad movió los hilos para que se generen nuevos puestos en la justicia sanjuanina que atenderían a la demanda que se supone que existe en la Segunda Circunscripción y en el fuero de Familia. Se trata de tres nuevos jueces de primera instancia, un asesor de menores y un juez de paz letrado.
Para la justicia que obra en el territorio de Jáchal e Iglesia, los ministros de la Corte apuntan a sumar un Asesor Oficial de Menores e Incapaces que podría cobrar cerca de $7.000.000 por mes, según señalaron fuentes que conocen los salarios de los funcionarios judiciales.
Además del cargo mencionado, se engrosarían las filas de la justicia jachallera con un cargo de juez de paz letrado y con otro de magistrado de primera instancia. El primer puesto representaría -acorde las fuentes- un salario aproximado de $6.500.000, mientras que el segundo de $7.500.000 mensuales.
Por otra parte, de ser aprobadas las aspiraciones de la Corte, los juzgados de Familia contarían con dos nuevos jueces de primera instancia cuyos salarios serían de $7.500.000 por cabeza. Si bien existen cuatro magistrados en ese fuero (Marianela López, Silvana Lorena Romero Meglioli, Esteban de la Torre y Marisa Norma Valdez), fuentes cercanas a los cortistas argumentan que es alta la demanda de sus juzgados y, por tanto, surge la necesidad de sumar fuerzas.
En un cómputo superficial, se estima que la justicia sanjuanina añadiría un gasto de unos $36.000.000 al mes a su Presupuesto. Ello significarían unos $432.000.000 extras anualmente, tras la creación de los cinco cargos judiciales. Eso sí, se trataría de sumas mínimas, sin contar con la antigüedad profesional, entre otros complementos y adicionales que elevarían los montos dependiendo de cada caso particular.
Vale decir que esas cifras sólo representarían la incorporación de los cargos judiciales, sin tener en cuenta el personal idóneo y necesario que acompañe a los designados a ocupar esas posibles y nuevas bancas, lo mismo que infraestructura edilicia para su ejercicio, lo que correspondería -también- un desembolso importante, aunque difícil de calcular.
Pese a dichas especulaciones, versiones afines al organismo que encabeza el Poder Judicial destacaron que, con el modelo de "Gestión Asociada" que articula con la Oficina Judicial, no hace falta nombrar más gente para que trabaje con los nuevos jueces. Las mismas explicaron que, bajo el antiguo sistema de juzgados unipersonales, hubiera sido necesario incorporar cargos de secretarios y demás empleados. Lo cierto es que alguna voz oficial debería despejar las dudas.
En la primera sesión extraordinaria en Diputados, los proyectos de la Corte entraron a comisión. Los dos serán tratados por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad y -por el foco que sostiene esta publicación- de Hacienda y Presupuesto. Una vez aprobados, pasarán al recinto.
La inversiones de la Justicia para su funcionamiento no sólo se centran en los salarios del universo de los funcionarios y los empleados judiciales, sino también en la infraestructura dispuesta para ello. Así es como el Sistema Acusatorio, desde sus inicios, es decir de 2021, significó grandes desembolsos.
En el edificio de Tribunales, en los últimos cinco años y con la creación de las diversas unidades fiscales, el Estado gastó $312.064.265 para mejorar las estructuras, adquirir mobiliario e incorporar soporte informático. La Segunda Circunscripción, por su parte, en dos años, gastó $65.706.577 para la ampliación de su edificio situado en la ciudad de San José.