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SUSCRIBITEEl gobierno nacional se esperanza con sancionar en el Senado el Presupuesto 2026. El déficit 0 lo mantendría, analizan, reasignando partidas de las leyes que no pudo derogar.
En medio de las tensiones por la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional ha delineado una estrategia para neutralizar el impacto fiscal de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Tras el rechazo en la Cámara de Diputados del artículo XI, que buscaba derogar estas normativas, el Poder Ejecutivo analiza reasignar partidas presupuestarias por decreto para garantizar su objetivo innegociable de déficit cero.
La argucia legal en estudio se basa en las facultades otorgadas por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Esta normativa habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a realizar reestructuraciones presupuestarias a través de decisiones administrativas. El propio presidente Javier Milei confirmó que, ante la imposibilidad de derogar las leyes, el Gobierno procederá a acomodar las partidas para cumplir con las metas fiscales, ya sea mediante la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o la reformulación de recursos dentro de las mismas áreas.
Este movimiento permitiría al Ejecutivo cumplir formalmente con la ley sin asignar fondos frescos, licuando el gasto mediante recortes en otros sectores considerados flexibles.
Según informes técnicos, las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario tienen un costo conjunto del 0,5% del PBI (0,27% y 0,23% respectivamente). Esta cifra es suficiente para perforar el superávit financiero previsto de 2,7 billones de pesos (0,3% del PBI), lo que obliga al Gobierno a ejecutar ajustes compensatorios.
De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para mantener el equilibrio financiero, las áreas de gasto flexible deberán enfrentar una caída real cercana al 7,1%. Los rubros identificados como potenciales fuentes de este ajuste incluyen:
Pese a esta maniobra para esquivar el financiamiento directo de las leyes mencionadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, considera crucial la sanción definitiva del Presupuesto en el Senado. La urgencia no radica solo en la previsión de gastos, sino en artículos específicos, como el 56, que permitirían realizar canjes de deuda en condiciones más flexibles y bajo jurisdicción extranjera.
Esta herramienta es vista como vital para enfrentar los vencimientos de enero de 2026 y evitar un default técnico, enviando una señal de institucionalidad a los mercados internacionales. Mientras tanto, desde la Casa Rosada desestiman las críticas de la oposición y confían en que el presupuesto será aprobado sin cambios para evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados.