La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, salió a respaldar públicamente la nueva Ley de Transporte que impulsa el Ejecutivo provincial. Según explicó, la iniciativa busca actualizar un sistema que, según afirmó, quedó desfasado y concentrado en los intereses de unos pocos, mientras que el verdadero eje debería ser el bienestar de los usuarios.
“Este proyecto tiene en cuenta al usuario y no a los pocos sectores que hacían negocios con licencias. Son ellos quienes tal vez se sientan afectados. Nosotros no vamos a respaldar negocios que no corresponden, vamos a respaldar al usuario”, sostuvo Palma durante una rueda de prensa en el ingreso al Teatro Sarmiento.
El proyecto de ley propone modernizar la normativa vigente y dar respuesta a las demandas de los pasajeros. Entre los puntos más importantes se encuentra la regulación de las aplicaciones de transporte, que se han consolidado como una herramienta habitual en la provincia. Palma aclaró, sin embargo, que los aspectos impositivos de estas plataformas “no dependen de su cartera” y que su objetivo principal es garantizar un servicio seguro y eficiente para los sanjuaninos.
El debate legislativo, por su parte, aún no tiene una fecha definida. Originalmente previsto para esta semana, el vicegobernador Fabián Martín adelantó que la decisión final dependerá de si se logra el consenso entre los distintos actores del sector. “Estamos viendo si reunimos el consenso para poder llevarlo adelante. No hay un apuro extremo en esto”, señaló Martín, en referencia al diálogo que las comisiones de Obras y Transporte y de Legislación y Asuntos Constitucionales mantienen con taxistas, remiseros y transportistas.
La norma también busca ordenar la prestación del servicio público de transporte de personas y cargas en toda la provincia, eliminando intermediarios y licencias que durante años concentraron beneficios económicos en pocos actores. La creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.) permitirá certificar a los conductores y vehículos que cumplan con los requisitos legales, garantizando transparencia y trazabilidad en el servicio.
Pese a los avances, los sectores tradicionales del transporte han presentado planteos que aún son analizados por las comisiones legislativas. Según explicó el vicegobernador, la mayoría de las observaciones se relacionan con detalles operativos y no con cambios estructurales de la ley. La prioridad del gobierno, insistió Palma, es que la normativa refleje un equilibrio entre modernización, seguridad y accesibilidad para los pasajeros, antes que proteger intereses particulares.