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SUSCRIBITEEl gobernador bonaerense volvió a reclamar que Nación transfiera a la Provincia la administración de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse. Cuestionó el plan de concesión impulsado por el Gobierno y advirtió sobre una posible privatización.
Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, salió en defensa el gobernador Kicillof
La disputa entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo luego de que Axel Kicillof cuestionara con dureza el futuro de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. El mandatario bonaerense acusó a la gestión de Javier Milei de promover un “negocio inmobiliario” detrás de los cambios que impulsa sobre estos históricos complejos destinados al turismo social.
Desde la Provincia insistieron en que Nación transfiera la administración de ambos predios para garantizar la continuidad de los programas que permiten el acceso a vacaciones para familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y otros sectores de menores recursos.
El reclamo se produce en medio de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional que incrementaron la incertidumbre sobre el destino de los complejos. En los últimos días se registraron despidos de personal contratado y trabajadores de planta permanente fueron puestos en disponibilidad, mientras avanzan modificaciones impulsadas por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En ese contexto, Kicillof sostuvo que la Provincia está dispuesta a asumir la gestión de los predios para evitar que pierdan su función social. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, remarcaron desde su entorno.
Días atrás, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, también había elevado el tono de las críticas al asegurar que el Gobierno provincial no permitirá que se “remate la historia” de estos espacios ni que se transformen en un negocio para intereses privados.
El foco de la controversia está puesto principalmente en Chapadmalal. La administración libertaria confirmó su intención de otorgar en concesión el complejo por un plazo de 30 años a operadores privados. Según la explicación oficial, la medida apunta a atraer inversiones y reducir los costos de mantenimiento que actualmente afronta el Estado.
En paralelo, el complejo de Embalse, ubicado en Córdoba, fue transferido a la órbita de la AABE, aunque hasta el momento no se informó cuál será el destino definitivo del predio ni el esquema de gestión que se aplicará.
Mientras tanto, organizaciones gremiales y trabajadores denuncian un proceso de desmantelamiento progresivo de ambos complejos. De acuerdo con datos difundidos por sindicatos y distintos medios nacionales, entre 101 y 103 empleados resultaron afectados por despidos o pases a disponibilidad en las dos unidades turísticas.
El debate sobre el futuro de Chapadmalal y Embalse continúa abierto y se ha convertido en un nuevo punto de confrontación entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, que busca conservar el modelo de turismo social impulsado desde mediados del siglo pasado.