La empresa alimenticia Georgalos, un emblema de la industria de golosinas en Argentina, se encuentra en el centro del debate tras confirmar que ha comenzado a fabricar parte de su tradicional línea de caramelos Flynn Paff en China para luego importarlos al mercado local. Esta decisión estratégica, revelada por el presidente de la compañía, Miguel Zonnaras, coincide con un complejo panorama laboral en su planta de Victoria, provincia de Buenos Aires.
Pragmatismo frente a la pérdida de competitividad
Zonnaras justificó la medida bajo criterios de "rentabilidad y sustentabilidad", definiéndose como un empresario de "ADN industrial" pero pragmático ante las exigencias del mercado global. Según el directivo, Argentina ha perdido su ventaja competitiva en materias primas, las cuales hoy funcionan como commodities con precios similares en todo el mundo.
A esto se suma la estandarización tecnológica, que iguala a los productores a nivel global, dejando la competitividad en manos de factores externos a la fábrica: la carga impositiva, la logística, la infraestructura y la intervención estatal. “El proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, enfatizó Zonnaras para explicar por qué hoy resulta más conveniente producir ciertos volúmenes en el gigante asiático.
Suspensiones y caída de la actividad
Mientras la producción se deslocaliza, la realidad en la planta bonaerense de Victoria refleja la crisis del sector. La empresa atraviesa una caída del 29% en su volumen de producción y opera con una capacidad ociosa cercana al 55%.
Como consecuencia, se ha implementado un esquema de suspensiones rotativas que afecta a unos 80 trabajadores cada quince días. Desde la firma aseguran que esta es una medida para sostener el empleo en un escenario de fuerte retracción económica. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) mantiene un conflicto latente y recuerda que existe un acuerdo vigente que impide despidos hasta noviembre de este año.
Repercusiones políticas
El caso Georgalos trascendió lo empresarial para convertirse en un argumento político. Zonnaras criticó duramente el esquema de costos laborales en Argentina, sugiriendo que gran parte de lo que la empresa paga no llega directamente al bolsillo del empleado. Estas declaraciones fueron tomadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para respaldar los proyectos oficiales de modernización laboral que buscan transparentar los recibos de sueldo.
En un mercado marcado por la caída del consumo y la presión de los productos importados, la decisión de esta empresa histórica plantea un interrogante sobre el futuro de la industria nacional y el impacto de la globalización en el empleo local.