La discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal volvió a ocupar el centro del debate en Argentina. En San Juan, durante el 3° Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, dos referentes de la Justicia se pronunciaron en contra de la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional.
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, recordó que en el pasado ya se aplicó la imputabilidad a partir de los 14 años y calificó la experiencia como negativa. “Hay gente que no recuerda que ya tuvimos la imputabilidad a los 14 años y que, por supuesto, fue un desastre. Y sin embargo, ahora parece haberse convertido en la solución”, expresó.
Martínez señaló que en mayo de 1983, incluso el propio gobierno militar reconoció los problemas que generaba el régimen y, mediante el decreto-ley 22.803, volvió a establecer la edad mínima de imputabilidad en 16 años, rango que se mantiene hasta la actualidad.
Además, cuestionó el rol de la sociedad frente a los jóvenes en conflicto con la ley penal: “Los chicos pasan por un proceso, pero después la sociedad no los acepta, las empresas no los quieren. Sabemos que el sistema penal es un fracaso, que garantiza la institucionalización y que muchos terminan años más tarde en la cárcel de adultos. Tenemos que construir otro camino para no destruir el futuro de seres humanos y de la sociedad en su conjunto”.
En la misma línea se pronunció la jurista Aída Kemelmajer, quien advirtió sobre la falta de equilibrio en el debate público. “Vivimos una época en la que se pretende bajar la edad de imputabilidad penal. Sabemos que esto no sirve y también sabemos que la justicia formal está absolutamente en crisis”, afirmó.
El encuentro, que se desarrolló en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”, se llevó a cabo en un contexto de fuerte discusión nacional. En mayo pasado, la Cámara de Diputados avanzó en la comisión de Legislación Penal con un dictamen para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves como homicidios, violaciones y robos con armas.
La propuesta, impulsada por el Gobierno y respaldada por bloques como PRO, UCR, Innovación Federal y la Coalición Cívica, recibió el rechazo de Unión por la Patria, la izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos, que consideran que la medida criminaliza a la juventud y no aborda las causas estructurales de la violencia.