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SUSCRIBITELa impensada disputa entre el tribunal que dictó el histórico fallo de expropiaciones y Marcelo Fernández Valdez sumó un nuevo capítulo con el comunicado de la entidad que representa a los jueces, que se mostró preocupada por las críticas a la autoridad que emitió la sentencia.
Luego de que se dictara el histórico fallo en el juicio por expropiaciones, el tribunal que emitió la sentencia multó al abogado defensor de Santiago Graffigna, Marcelo Fernández Valdez, por sus expresiones en el recurso de apelación que presentó. Por ello, desde la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas salieron al cruce y ahora quien se sumó a la impensada disputa fue el Colegio de Magistrados.
Es que ASAP cuestionó el castigo impuesto al letrado y lo consideró un acto de disciplinamiento arbitrario, que atenta contra el ejercicio libre y crítico de la defensa penal. La entidad que nuclea a los abogados penalistas de la provincia apuntó contra los jueces, Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, que en su aceptación de las apelaciones, sancionaron al defensor.
Por ese motivo, desde el organismo que representa a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial se optó una posición controvertida frente a los cuestionamientos a los jueces por sus resoluciones judiciales, en defensa de sus asociados.
"El Colegio de Magistrados expresa su profunda preocupación por el constante cuestionamiento efectuado a través de distintos actores de la sociedad que se están llevando adelante contra sus integrantes, realizando reproches que exceden las vías legales", manifestaron mediante un comunicado oficial.
Además, la institución remarcó que "se atenta directamente contra la dignidad de la magistratura y de su adecuado ejercicio". Por esa razón, agregaron: "Manifestamos nuestro enérgico y categórico rechazo a toda publicación que del modo expuesto afecta los principios fundamentales de la independencia judicial y el estado de Derecho. Cualquier intento de coacción o intimidación constituye una grave amenaza para el correcto funcionamiento de nuestra administración de justicia".
La multa impuesta para el abogado asciende al equivalente de un salario mínimo del escalafón judicial, cifra que rondaría los $800.000. Sin embargo, se conoció que el defensor apelará el castigo por estar en desacuerdo con el mismo. Desde su entorno manifiestan que se trata de una manera de persecución, que debe ser advertida.
Se trata de la segunda sanción impuesta al abogado en el marco de la causa: previamente ya había recibido un apercibimiento formal por declaraciones posteriores al veredicto. No obstante, la nueva sanción no se basó en sus expresiones públicas, sino en afirmaciones hechas dentro del escrito judicial mediante el cual se impugnó el fallo.
"Debemos referirnos a las manifestaciones vertidas por el doctor Marcelo Fernández Valdez en el escrito de interposición del recurso de casación, estimamos que el profesional nuevamente utilizó expresiones descalificatorias y ofensivas en su presentación hacía los miembros del Tribunal, en la que no mostró el respeto y la compostura que debía observar en el cumplimiento del ejercicio de la defensa", sostuvo el tribunal y enardeció la polémica.
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