Luego de que se conocieran los fundamentos del histórico fallo de la megacausa de expropiaciones, los que generaron polémica por el pedido para que se investigue a un juez de la Cámara Civil por presunta participación en la asociación ilícita, la autoridad sancionó con un apercibimiento al abogado defensor de Santiago Graffigna, Marcelo Fernández Valdez, por sus declaraciones post veredicto. Sin embargo, los cruces no quedaron ahí, sino que avanzaron ahora con un castigo económico.
Según trascendió, el tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, apuntó nuevamente contra el letrado, aunque no por sus expresiones en los medios, sino por las propias afirmaciones que hizo en el planteo de casación que realizó sobre el dictamen.
En ese marco y tras el "tirón de orejas" que ya le habían dado, resolvieron fijarle una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial, lo que representaría $800.000, aproximadamente. La resolución fue dada a conocer en la admisibilidad de las apelaciones que hicieron las defensas de los condenados, las que a partir de ahora serán revisadas por la Corte de Justicia.
Si bien se estimaba que el tribunal sólo concediera la casación, sorprendió con la medida contra el abogado de Graffigna. "Debemos referirnos a las manifestaciones vertidas por el doctor Marcelo Fernández Valdez en el escrito de interposición del recurso de casación, estimamos que el profesional nuevamente utilizó expresiones descalificatorias y ofensivas en su presentación hacía los miembros del Tribunal, en la que no mostró el respeto y la compostura que debía observar en el cumplimiento del ejercicio de la defensa", sostuvieron los magistrados.
Asimismo, el tribunal citó algunas de las expresiones del documento que, acorde interpretaba, ponían en duda "el buen desempeño, transparencia e imparcialidad del Tribunal". Es que Fernández Valdez, en medio de su exposición, señaló: "Lograron que estos tres jueces decidieran de la manera más arbitraria jamás vista en un proceso judicial local". Como así también, remarcó en referencia a los integrantes del tribunal: "Han tenido una actuación irregular". Además, suscribió: "Este Tribunal se ha tomado de cuanto ha tenido al alcance con tal de pretender justificar su consciente apartamiento de la Ley".
Por esas frases expuestas que, según el tribunal, no eran necesarias para sustentar su impugnación, puesto que "su utilización traduce una falta de estilo adecuado a la jerarquía que impone el ejercicio de la abogacía", del reto pasaron a la sanción económica e informaron al Foro de Abogados de la Provincia.
Más allá de lo estipulado, se prevé que el defensor prestará resistencia y apelará la decisión impuesta. Desde su entorno manifiestan que se trata de una manera de persecución, que debe ser advertida.
Esta guerra impensada inició cuando, en sus aclaraciones sobre el fallo, el tribunal lo cruzó y apercibió por lo que dijo a la prensa ni bien finalizó el juicio. "Las expresiones cuadran perfectamente como injuriosas o difamatorias dirigidas a los miembros del Tribunal, tornando estas acciones como merecedoras de sanciones disciplinarias e incluso podría tomarse como delito contra el honor y en su caso insinúa que estaríamos prevaricando, lo cual es más grave aún", manifestó.
Fernández reconoció haberse propagado con algunas declaraciones y sostuvo: "Me puedo haber excedido con la expresión de mandato. Lo que quise decir, efectivamente, fue que, y lo dije desde el inicio de esta causa, ningún juez se iba a animar a declarar la verdad en esta causa, porque su superior jerárquico es el denunciante de esta causa". No obstante, los jueces volvieron a la carga.
