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Empleo

Despidos en el Estado: cuáles son los organismos que Javier Milei tiene primero en la mira

El despido de trabajadores estatales es una de las banderas del gobierno de Javier Milei. ¿70.000 o 15.000? Discrepancias entre datos oficiales. Los organismos con más trabajadores.

Por Guido Berrini

El presidente Javier Milei lleva adelante una drástica cruzada contra "el gasto público".

El martes pasado, durante su participación en el IEFA Latam Forum, un evento destacado que reúne a líderes empresariales de la región, Milei anunció que planea eliminar 70.000 contratos antes de finalizar el mes, concretamente el 31 de marzo. Luego, el vocero Manuel Adorni salió a aclarar: “Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando”, especificó. Pero los documentos oficiales, dicen otra cosa.

La Administración Pública Nacional, que es donde el Poder Ejecutivo tiene competencia en materia de despidos, contabiliza con datos a enero de este año un total de 333.853 trabajadores, que incluyen desde la administración centralizada (ministerios y presidencia), los organismos descentralizados como el ANSES, otros entes como el PAMI, la administración desconcentrada como la Gendarmería y la Prefectura y las empresas del Estado como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. En total, en los sus 138 organismos, con datos a enero pasado proporcionados por el INDEC, hay 35.124 personas trabajando con contratos temporales; en algunos casos llevan décadas cumpliendo funciones sin el pase a planta. El resto son trabajadores encuadrados como personal dentro y fuera de convenio. Este último dato no incluye a los transitorios que trabajan en otros poderes del Estado como el legislativo y el judicial. Por ejemplo, solo en el Senado hay 1.727 bajo esta modalidad.

Según el registro de las dotaciones antes mencionado, se agrupan en esta categoría a aquellos trabajadores con contratos para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, locaciones de servicios u obra, contratos realizados bajo entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, pasantías y trabajos eventuales, entre otros. Para el gobierno, estos contratos no implican relación laboral, aunque en la práctica, si un despido de estas características se judicializa, por alguna razón en particular, los fallos casi siempre van en favor del trabajador.

Hay al menos una docena de organismos con más de la tercera parte de su planta en esa situación contractual.

Entre ellos se destacan los casos de CONICET, con casi 11 mil contratos (el 40% del total), pero también la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo personal, en el 100% de los casos (4.074 trabajadores), se encuentran trabajando bajo esta modalidad.

También en el Ministerio de Salud el 55% de la planta se encuentra en esta situación (4.745 trabajadores) así como la Casa de Moneda, en la que el 99% de los empleados (1.378) se encuentran bajo contratos temporales.

En el PAMI hay 1.597 contratos, el 11% de la planta; en el Ministerio de Capital Humano 1.445 (8%); en el Ministerio de Economía 1.198 (15%) y en el Ministerio de Infraestructura 1.025 (35%), entre otros casos.

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Los organismos con más empleados

Según los registros del INDEC, hay 10 organismos dentro de la Administración pública, que con datos a enero de 2024, tienen más de 10.000 empleados.

El primero de ellos es el CONICET, con una dotación de 27.509 empleados, 16.675 en el marco de convenio colectivo de trabajo y 10.834 bajo contratos que incluyen desde locaciones de obras y de servicios, hasta pasantías. Estos últimos representan casi el 40% de la planta total.

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Los despidos comenzaron con 86 correos electrónicos, notificando el cese de actividades de personal administrativo. A este recorte, se suma la decisión de que sólo 600 becas doctorales serán otorgadas este año, una cantidad significativamente menor en comparación con las 1.300 becas previstas inicialmente en la convocatoria 2023, disminución que podría repercutir negativamente en la capacidad investigativa del país y en su presencia en el ámbito académico global.

Expertos del sector han manifestado su inquietud al respecto, argumentando que la disminución de oportunidades para jóvenes investigadores no solo afecta las trayectorias individuales, sino también el desarrollo integral y sostenido del ecosistema científico del país. La formación doctoral es crucial para generar nuevos conocimientos y tecnologías, por lo que cualquier reducción en este ámbito podría tener consecuencias a largo plazo en la innovación y la economía del conocimiento.

La situación marca un momento de incertidumbre para la comunidad científica, ya que no se han proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de estas medidas.

El segundo organismo con mayor cantidad de empleados es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que emplea a 23.743 trabajadores, por lo que es la empresa estatal con mayor cantidad de trabajadores. Allí también el gobierno puso el ojo: ya se confirmó la necesidad de reducir en un 30% la infraestructura y el personal, medida que fue comunicada el 6 de marzo pasado. Esta es una de las empresas estatales que se planea privatizar y que se listaron en la ley Bases.

Le sigue la AFIP, con 22.028 empleados, una planta que había experimentado un aumento en casi 1.500 nuevos trabajadores en el último año y medio de la gestión de Alberto Fernández. El 99,7% de su personal se encuentra bajo convenio.

El ministerio de Capital Humano también se incluye en esta lista, con 17.638 empleados y 1.445 con contratos temporales. Aquí la motosierra actuó con rapidez ya que la suma de todos los organismos que absorbió la cartera que conduce Sandra Pettovello sumaba 19.552 trabajadores antes del 10 de diciembre y para fin de enero listó 1.914 personas menos, es decir casi la mitad del recorte en todos los ministerios, incluida la presidencia.

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El Banco Nación tiene una planta similar: 17.632 con datos de enero y como en el caso de la AFIP, el 99% de su personal se encuentra bajo convenio colectivo de trabajo. Por su parte, el Correo Argentino tiene según los últimos datos disponibles, una planta de 16.775 empleados y el PAMI, con 14.211 trabajadores de los cuales 1.597 tienen contratos temporales donde según distintas fuentes el recorte podría alcanzar al 30% del total.

En ANSES, la situación ya comenzó a mostrar signos de la poda. Con un total 13.406 empleados, en los últimos días se notificaron o están en vías de notificación unos 1.300 despidos, la más alta ola de desvinculaciones producida hasta ahora en un solo organismo ya que afectó al 10% de la planta estable.

Por último, en Aerolíneas Argentinas con 11.892 trabajadores, un grupo de 40 trabajadores despedidos de la empresa GPS, principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, denunció un proceso de achicamiento, vaciamiento y privatización de la línea de bandera.

Los despidos desde el cambio de gobierno

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Las plantas de personal de las principales reparticiones públicas no mostraron un aumento considerable en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández. En la mayoría de los casos, las dotaciones se mantuvieron estables.

El presidente Milei sostiene que ya se han eliminado 50.000 puestos de trabajo en la esfera pública, pero las bases de datos aún no reflejan esa poda.

Para fines de enero, la planta de la Administración Pública Nacional tenía 9.253 empleos menos con relación a los meses anteriores al cambio de autoridades.

A estos le siguieron los despidos de febrero, que ascendieron a 1.420. Incluyen 160 casos en la Agencia Nacional de Discapacidad, 600 despidos en los 59 Centros de Referencia (CDR) con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia (ex Desarrollo Social) en todo el país, 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 170 en el INCAA, 140 en la Administración General de Puertos y 100 en Radio Nacional,Y en lo que va de marzo el Gobierno aceleró su plan. Esta semana fueron despedidos unos 1.300 empleados de la ANSES, se desvinculó a más de 86 personas del CONICET y ayer se dio a conocer la noticia de casi 300 despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), regulador de la industria de la telecomunicaciones. Esto arroja hasta ahora un total de casi 12.400 despedidos.

¿El inicio de una larga etapa de litigiosidad?

En Argentina, un trabajador temporario con contrato también goza de protección legal y tiene derecho a juicio si considera que sus derechos han sido vulnerados. Según la normativa vigente que regula el trabajo temporal, incluida la Ley Nacional de Empleo, los trabajadores temporarios tienen derechos similares a los trabajadores de planta permanente en cuanto a condiciones de trabajo, salarios y seguridad social.

Según el artículo 9 de la Ley Ley 25.164 de regulación del empleo público nacional, el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.

Si un trabajador temporario es despedido una vez finalizado el contrato de duración determinada bajo el cual estaba contratado, generalmente no tiene derecho a juicio por despido, ya que el contrato concluye en la fecha prevista y acordada entre las partes, cumpliendo así con las condiciones estipuladas inicialmente.

Sin embargo, existen excepciones donde un trabajador temporario podría tener derecho a reclamar ante la justicia laboral una vez finalizado su contrato, por ejemplo: si el trabajador considera que el contrato temporal fue utilizado de manera indebida para encubrir una relación de trabajo de carácter permanente, que son los casos más frecuentes, en especial aquellos contratos de más de cinco años de duración.

El gobierno argumenta que este recorte es esencial para sanear la economía argentina, reducir la presión impositiva y promover el crecimiento económico a través del sector privado. Su propuesta incluye la eliminación de numerosas agencias gubernamentales que considera innecesarias o redundantes, así como la privatización de empresas estatales.

Sin embargo, las consecuencias de los recortes en materia de empleo, en medio de una economía en franca recesión, son por ahora impredecibles.

Por un lado expertos sostienen que el sector privado no está en condiciones de absorber a semejante masa salarial despedida; por el otro es previsible una ola de juicios contra el Estado, cuyos saldos en favor de los trabajadores que fueron despedidos sin causa, terminaría pagando el erario público.

Con información de Infobae

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