El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Carlos Munisaga, firmó un importante convenio con el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, el cual permitirá diseñar, financiar y ejecutar programas de reinserción para personas en conflicto con la ley penal. En ese marco, tras analizar la realidad penitenciaria en San Juan, destacaron que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se inició un proceso de regularización de las deudas que el gobierno de Macri nunca abonó a las distintas provincias del país en concepto de alojamiento de presos federales en establecimientos penitenciarios provinciales.
Es por ello que durante los últimos 2 años se pagó a San Juan $95.000.000 por los cánones mensuales por el uso de cárceles locales correspondientes al período 2016-2022, de los que el 73% del total corresponden a deuda acumulada durante el 2016, 2017 y 2018.
Sobre el convenio firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación, permitirá diseñar, financiar y ejecutar programas de reinserción para personas en conflicto con la ley penal. Estuvo presente también, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Rio.
Munisaga explicó que el convenio firmado “es el primero que Nación firma con San Juan, en apoyo de la reinserción de las personas que han cumplido condena y de esta manera trabajar en la convivencia y la integración para el bienestar de toda la provincia”.
El convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público establece que la cartera nacional destinará los recursos para financiar la incorporación de profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía y psicología a la formación académica de las personas que accedan al programa. Mientras que el desarrollo y ejecución de estas iniciativas estará a cargo de la Dirección de Protección al preso liberado y excarcelado de San Juan.
Asimismo, el convenio estipula que las partes implementarán mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.
