La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, impugnaron en esta jornada la decisión del Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF 2) en relación al avance de la ejecución de veinte propiedades bajo el decomiso ordenado en la Causa Vialidad equivalente al monto de $685.000.000.000.
Cabe recordar que el último 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini dispuso dar inicio a la ejecución de los bienes de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos.
Una vez ejecutada esta decisión los bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para hacer efectivo el decomiso.
Por su parte, al apelar la ex mandamás calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, que —según afirmó— fue utilizado para perseguirla y ahora se extiende a sus hijos.
Por su parte, la defensa sostuvo que todos los bienes de sus descendientes Máximo y Florencia tienen “origen lícito”, respaldado en fallos firmes, los cuales fueron recibidos legalmente de sus padres.
En paralelo, los mismo abogados argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado, y cuestionaron que el tribunal haya ordenado desapoderar a los hijos de la ex vicepresidenta contra de criterios propios del tribunal recientemente dictados.
Al mismo tiempo, Máximo y Florencia impugnaron la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre, al advertir que implicaría un “desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos”.
Por último, solicitaron que se suspendan las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto tendiente a poner los activos bajo administración de la Corte Suprema u otra entidad.