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SUSCRIBITE“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, sostuvo Stornelli.
El fiscal federal Carlos Stornelli concluyó la lectura de su requerimiento de elevación a juicio en el debate oral por el caso Cuadernos, una acusación que se extiende por 678 páginas, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue señalada como la principal beneficiaria de un supuesto circuito de recaudación ilegal durante su mandato.
La acusación fiscal ubicó a la entonces mandataria en el centro del supuesto entramado delictivo, sosteniendo que ella fue la receptora final de los fondos ilegales provenientes de sobornos empresariales. El documento fiscal sostiene textualmente que “La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.
Según la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner y ya ha fallecido, fue ubicado en el esquema de la investigación como intermediario. El esquema de recaudación describió a Roberto Baratta como el primer receptor o comunicador inicial de los pagos, a Muñoz como uno de los intermediarios finales, y a Cristina Elisabet Fernández como la “destinataria final” de los fondos.
Se repasaron 128 maniobras de pago de sobornos, con la conclusión de que “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la ex presidenta.
La acusación enfatizó el papel de CFK en la toma de decisiones sobre esos fondos: se afirmó que “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”. Además, se añadió que “ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.
La fiscalía también destacó las declaraciones de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”. Los fiscales señalaron que “gran parte de esos fondos terminó en propiedades utilizadas por la ex presidenta, como la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay”. De hecho, el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, funcionaba como un punto de “acopio” de esos fondos, y el de Juncal y Uruguay fue señalado como epicentro del acopio del dinero “retirado de las distintas empresas”.
Entre los testimonios valorados figura el del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, quien relató haber visto unas 20 valijas en el departamento de los Kirchner en Recoleta en 2018. Según su declaración, Muñoz le comentó que el contenido estaba destinado a la vivienda de la pareja en Río Gallegos, donde había “bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”.
En este expediente, Cristina Fernández de Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por hechos de cohecho en 22 oportunidades. La fiscalía consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita dedicada a ejecutar distintos “planes delictuales” durante el kirchnerismo, estructura en la que incluyó a la ex presidenta y a otros ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta.
La lectura de la acusación de Stornelli concluyó la etapa de exposición de los fundamentos de la acusación. El Tribunal Oral Federal 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, continúa repasando los requerimientos fiscales de todos los tramos acumulados. Los jueces estiman que en febrero de 2026 comenzarán las 86 declaraciones indagatorias.