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SUSCRIBITEATE puso el foco en el uso de recursos por parte del oficialismo y el estancamiento de sueldos para empleados públicos.
Una nueva denuncia del gremio ATE puso el foco sobre una paradoja: el Gobierno ajustó la asignación de recursos destinados a los ministerios y secretarías con el fin de optimizar el gasto, mientras que a la vez estableció una reorganización de cargos y Unidades Retributivas (UR) en las estructuras de los gabinetes del Poder Ejecutivo.
La Decisión Administrativa 4/2026, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, se enmarca en la política de ‘déficit cero’, impulsada por el presidente Javier Milei desde el comienzo de su mandato y que busca que las políticas públicas no excedan los topes presupuestarios fijados para este año.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Convenio Colectivo de la ATE, Flavio Vergara denunció que el Ejecutivo Nacional asignó fondos destinados a la “contratación de asesores”, mientras que los salarios de los empleados públicos permanecen congelados.
Esta medida se puso en marcha en un contexto en el que el Gobierno prohibió la contratación de nuevo personal a través del Decreto 934/25, publicado el pasado 2 de enero, mientras habilita fondos para la contratación de asistentes.
Vergara explicó que la modificación se aplica sobre un artículo de una Decisión Administrativa que establece la distribución de la cantidad de Unidades Retributivas (UR) que tiene cada ministro y secretario, en función de que hay ministerios que tienen más cantidad de trabajadores y les corresponden más unidades.
El dirigente precisó que si bien algunas carteras “ahora disponen de un poco más de UR y otros de un poco menos, no se trata de una crisis ni de un cambio drástico” respecto a lo establecido previamente".
También recordó que el año pasado se implementó una medida similar la Decisión Administrativa 7/25, cuya normativa otorgaba UR a ministerios y secretarías que habían reducido personal: “La actual resolución es una forma de manejar presupuestos de manera discrecional”, agregó.
Para finalizar, Vergara se centró en la disparidad existente entre la capacidad de las autoridades de asignar fondos para asesores y la situación salarial de los empleados públicos, ya que se contrastan fuertemente debido a que los sueldos “siguen atados al congelamiento porque no convocan a paritarias”.
Por último, criticó una inconsistencia en la administración de los recursos estatales, donde se habilita flexibilidad para “la contratación de personal de confianza en la cúpula”, mientras que la base de la pirámide laboral “afronta restricciones salariales sin mecanismos de negociación colectiva”
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