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SUSCRIBITE Desde hace días el ambiente político nacional puso en agenda, apenas por debajo del acuerdo con el FMI y la reducción de subsidios al transporte, a la empresa nacional de alimentos, una idea que parece haber comenzado a materializarse.
La mecha la encendió un tuit del Director Nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo social de la Nación, Rafael Klejzer, funcionario cercano a Grabois y a los sectores de la Economía Popular.
“Crear una Empresa Nacional de Alimentos es clave para activar el rol del Estado en la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos de manera no monopólica y no dejar el mercado en manos de las grandes corporaciones”, escribió.
Inmediatamente voces de uno y otro lado de la grieta expusieron sus posiciones.
Para el oficialismo, es una buena manera de estudiar de primera mano la cadena de costos, y así imponer regulaciones que bajen los precios de los alimentos, que subieron por arriba del índice de inflación, por ejemplo, en enero.
Para la oposición, al decir de Alfredo Cornejo, “es chavismo puro”, parangonando el proyecto con la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), que inauguró Hugo Chávez en 2008.
Lo cierto es que lo que comenzó como un rumor, o una idea algo arriesgada de un funcionario de segunda línea, va tomando tal forma que ya trascendieron algunas partes de lo que sería un proyecto oficial.
En primer lugar, la jurisdicción que quedaría afuera de la iniciativa es la Ciudad de Buenos Aires, por su carácter autónomo. De todas formas, la empresa tendría domicilio legal en la Capital Federal.
El capital accionario de la que se podría llamar Alimentos Argentinos estaría repartida de la siguiente manera: el 51% en manos del Estado Nacional, el 46% repartido entre las provincias, y un 3% abierto a “personas humanas y jurídicas del sector privado”.
El artículo 1 del proyecto dispone que Alimentos Argentinos “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”.
Otro punto que promete polémica es el Estado como productor de los grandes bienes que produce el campo argentino: “La sociedad podrá realizar actividad agrícola- ganadera y actividad de importación y exportación”, señala el texto.
Además, se adelanta que podrá trabajar en “la implementación de vínculos comerciales estratégicos con pequeños y medianos productores que representen a las economías regionales de todo el país”.