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revuelo en tribunales

Expedientes cajoneados por un empleado judicial: descartan la denuncia penal

Fuentes allegadas al sumario administrativo que se inició a través de una denuncia interna hablan de 30 causas traspapeladas a propósito, aunque sin sentido.

Por Redacción Tiempo de San Juan 28 de octubre de 2021 - 20:57

Después de que trascendiera que un empleado judicial escondió expedientes de ejecución fiscal y a partir de ello le abrieran un sumario administrativo, fuentes allegadas señalaron que está descartada la denuncia en la justicia penal ya que, en principio, se trata de una inconducta reglamentaria y no de un posible ilícito. 

El hecho tuvo lugar cuando la encargada de la Oficina de Gestión Asociada -que trabaja con los juzgados de Paz- descubrió el faltante de expedientes y un empleado de la dependencia reconoció que él los había ocultado deliberadamente, por lo que dio aviso a las autoridades correspondientes para que procedieran. Así fue que la Oficina de Sumario, que depende de la Corte de Justicia, inició una investigación interna para llegar al fondo de la cuestión. 

Si bien en principio se dijo que se trataba de 300 causas en juego, las fuentes a las que accedió Tiempo de San Juan informaron que sólo fueron 30 y que todas ellas son ejecuciones fiscales. Fue por esto que la Fiscalía de Estado se mostró preocupada por la situación y advirtió que solicitaría explicaciones sobre el estado de esos expedientes, ante la sospecha de algún tipo de perjuicio a las arcas provinciales. Sin embargo, altas fuentes manifestaron que no existiría daño alguno con respecto a demoras dado que ese tipo de causas nunca prescriben. 

A pesar de la irregularidad que el mismo agente habría reconocido a través de una carta en la que confesaba haber cajoneado los expedientes por inconformidad con el sistema de trabajo, el hombre señalado como responsable no fue suspendido ya que hasta que no haya una definición en el sumario, no puede recibir ningún castigo. Eso sí, como medida preventiva, fue trasladado a otra oficina para no entorpecer la investigación.

Una vez que el sumariante finalice el informe, se lo enviará a las autoridades de la Sala de Superintendencia de la Corte, actualmente conformada por el presidente Daniel Olivares Yapur, Adriana García Nieto y Juan José Victoria, para que resuelva. Serán ellos quienes definan finalmente la sanción, si es que se demuestra que hubo responsabilidad administrativa. 

Pese a las especulaciones sobre una posible denuncia en el fuero penal, las fuentes consultadas indicaron que resultaría poco probable, ya que la irregularidad bajo sospecha está vinculada con cuestiones administrativas y no con conductas delictivas. En ese sentido explicaron que destruir un expediente, como documento público que es, sí es un delito. Por el contrario, esconderlos no resulta grave en tanto y en cuanto sean hallados, dijeron.

Es que además de los papeles, existe un archivo virtual que respalda al Poder Judicial, aseveraron. Es por eso que, en el caso de extraviarse una causa, es fácil de encontrar en el sistema y tiene la misma validez que el papel real. Con todo esto, las fuentes reconocieron no comprender el sentido del acto, si es que ocurrió como trascendió, ya que no tendría demasiado sentido. 

Como no se dio a conocer cuáles son las causas y en qué estado estaban, desde Fiscalía de Estado anunciaron que solicitarán a los abogados de la dependencia que averigüen detalles al respecto. Para ello, las fuentes le dijeron a este medio que la titular de la Oficina de Gestión Asociada que sacó a la luz la irregularidad debería ofrecer un informe de cada caso para desechar las sospechas de perjuicios contra las arcas públicas.     

Por el momento, el Ministerio Público no ha sido notificado formalmente sobre el tema y quizás eso suceda cuando haya alguna resolución respecto del sumario legal y técnico que recién comienza.

 

 

 

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