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Inédito en San Juan

Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima

Por el caso de trata, el juez del juicio ordenó la indemnización para la niña fue obligada a casarse con un adulto y que fue reducida a la servidumbre doméstica y laboral. A los tres acusados les dictó 10 años de prisión efectiva y la fiscalía solicitó novedosas medidas que fueron concedidas.

Por Luz Ochoa

Luego de que el juez federal Daniel Doffo declarara culpable a la familia gitana que explotó a una menor, este viernes condenó a sus integrantes a 10 años de prisión efectiva y, de forma inédita, ordenó el pago de una millonaria indemnización a la víctima. El novedoso hecho se produjo en el cierre del juicio que se llevó adelante en la Justicia Federal cuando, por primera vez en San Juan y bajo al Sistema Acusatorio, se determinó una reparación económica por trata de personas.

El castigo fue para la pareja identificada como C.A.C. (45), C.I.C. (46) y su hijo C.F.G.C. (23), quienes son oriundos de Santa Fe, pero que quedaron al descubierto en la provincia. Si bien el representante del Ministerio Público, Fernando Alcaraz, había solicitado 14 y 11 años de pena para los imputados, finalmente, el magistrado estableció 10 años de cárcel para los hombres. Para la mujer, resolvió el mismo castigo, aunque fue de prisión domiciliaria, debido al cuidado de sus hijos menores.

A pedido de la fiscalía, en la audiencia de cesura, el juez del Tribunal Oral Federal dictaminó que los sentenciados le paguen a la menor explotada $70 millones, en calidad de resarcimiento, dados los trabajos realizados sin percibir remuneración alguna. Frente a los actos criminales, el requerimiento se hizo en base a las ganancias ilícitas y el recupero de activos, lo que posibilitó calcular el perjuicio que la víctima sufrió en manos de los condenados.

El juez Doffo, además, declaró que los delitos cometidos por los penados constituyeron formas de discriminación contra la mujer. En ese marco, el fiscal que estuvo acompañado por Virginia Rodríguez no sólo sugirió que ello así fuera, sino que también se advirtiera a la comunidad gitana de los sentenciados sobre la conducta delictiva y las consecuencias jurídicas de las mismas, bajo el concepto de garantía de no repetición.

"Fue solicitado porque esto puede suceder otra vez, basado en patrones recurrentes. Esto obliga al Estado en generar un cambio estructural o normativo para evitar que se repita. Se pueden realizar capacitaciones o protocolos, actos de sensibilización", señalaron fuentes vinculadas al juicio que duró 9 jornadas y que contó con la presencia de la representante de PROTEX, fiscal Alejandra Mángano.

El caso se remonta a marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la víctima -que en aquel entonces tenía 13 años- fue sometida a una unión bajo el rito gitano con un joven de 20 años. Para la fiscalía, el hecho constituyó una forma de captación en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La investigación sostuvo que dicho vínculo incluyó el pago de 825.000 pesos por parte de los parientes del joven a los progenitores de la menor, lo que es interpretado como un mecanismo de captura con fines de explotación. Luego, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde fue víctima de vejaciones laborales y sexuales, además de violencia física y psicológica.

En diciembre de 2024, el matrimonio santafesino viajó a San Juan y dejó a su hijo, junto a la damnificada y a su bebé, con la familia de la chica en el Barrio La Capilla, en Capital. Durante aproximadamente cuatro meses, la joven pareja permaneció en ese entorno familiar.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando el matrimonio santafesino regresó a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la menor. Según la investigación, la obligaron a subir a una camioneta y, durante el trayecto, la adolescente intentó escapar con su hijo en una estación de servicio de Caucete. La situación derivó en un llamado al 911 y en un operativo que terminó con la interceptación del vehículo en la Ruta 141, a la altura de Caputo, donde la víctima fue finalmente rescatada.

La niña fue sometida a distintos tipos de explotación. La niña fue obligada a casarse con un adulto siendo apenas una preadolescente. También, se supo que la menor trabajaba sin descanso, sin remuneración y solo se le permitía frenar para almorzar. Por otra parte, trascendió en el debate que era obligada a mantener relaciones sexuales con su "esposo". Producto de estos abusos, la menor quedó embarazada a los 13 años y sufrió un aborto espontáneo.

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