A dos días del episodio ocurrido el miércoles por la tarde en la sede de la obra social OSTES, en Capital, familiares de la mujer involucrada dieron su versión de los hechos a Tiempo de San Juan. Según expresaron, el conflicto se produjo en el marco de un reclamo por la atención médica de la paciente -identificada como P.C.- y por reintegros económicos vinculados a estudios y tratamientos. De acuerdo a su testimonio, la situación incluyó demoras en la atención, desacuerdos con la obra social, intervención policial y el posterior traslado de la mujer al Hospital Marcial Quiroga.
Desde el entorno de la mujer señalaron que el reclamo que motivó su presencia en la sede de la obra social tuvo dos ejes principales. Por un lado, la necesidad de acceder a una nueva intervención o diagnóstico médico. Por otro, la restitución de dinero que, según indicaron, fue abonado previamente para la realización de estudios. Además, indicaron que, durante el hecho sucedido el último miércoles, fue maltratada como si fuera “una bolsa de papas”.
Un cuadro de salud con antecedentes
En ese sentido, explicaron que el cuadro de salud de P.C. se remonta al año 2011, cuando -según dijeron- se le habría practicado una endoscopía que derivó en una intervención quirúrgica y la colocación de una malla. Siempre de acuerdo a esta versión, desde entonces y hasta 2024 no presentó complicaciones, pero a partir de ese año comenzó a sufrir dolores abdominales intensos que motivaron nuevas consultas médicas e internaciones.
Según relataron, en 2024 P.C. permaneció internada durante 15 días en el Hospital Rawson sin que, según expresaron, se lograra un diagnóstico definitivo. En ese contexto, indicaron que uno de los estudios requeridos era una endoscopía, cuya autorización, de acuerdo a su testimonio, habría generado conflictos con la obra social por cuestiones de costos y modalidad de realización.
Familiares aseguraron que esta situación derivó en presentaciones ante la Superintendencia de Salud y en gestiones para lograr la cobertura de prácticas médicas. También indicaron que, tras distintas gestiones, la mujer fue intervenida quirúrgicamente en agosto de 2024 en el Hospital Rawson, procedimiento que se desarrolló sin complicaciones, afirmaron.
No obstante, sostuvieron que en septiembre de 2025 reaparecieron los síntomas, con dolor abdominal, diarrea y otros malestares. Según detallaron, estos cuadros derivaron en nuevas consultas, estudios y la indicación de medicación como Tramadol que, con el tiempo, dejó de ser efectivo para controlar el dolor.
En relación a los estudios más recientes, indicaron que en febrero de este año P.C. se realizó una endoscopía y otros análisis que, según dijeron, no arrojaron resultados concluyentes. En ese contexto, afirmaron que solicitaron derivaciones a centros de mayor complejidad, lo que -según expresaron- no fue autorizado por la obra social.
Reclamos administrativos y costos
Respecto al aspecto económico, desde el entorno señalaron que debieron afrontar pagos vinculados a estudios médicos, incluyendo honorarios y gastos administrativos. Según sostuvieron, esos montos serían reintegrados, aunque aseguraron que solo recibieron una parte del dinero y con demoras.
Sobre lo ocurrido el miércoles, familiares relataron que la mujer se presentó en la sede de la obra social para solicitar atención médica y conocer dónde podría continuar su tratamiento, mientras que otro integrante del grupo acudió para consultar por el reintegro pendiente. Según indicaron, inicialmente les informaron que serían atendidos, pero luego -siempre de acuerdo a su versión- les comunicaron que los reclamos debían canalizarse a través de la sede en Mendoza.
El entorno afirmó que permanecieron en el lugar durante varias horas sin recibir respuestas y que, cerca del horario de cierre, les pidieron que se retiraran. En ese contexto, según relataron, la mujer decidió encerrarse en un baño del edificio y encadenarse.
Intervención policial y traslado
Indicaron que, tras esta situación, intervino personal policial, un fiscal y equipos de emergencia. También mencionaron la presencia de medios de comunicación en el lugar. Según su testimonio, el fiscal -quien sería Adrián Riveros, de la UFI Genérica, siendo la autoridad que intervino en el caso, aunque no brindaron detalles sobre el nombre- habría dialogado con la mujer durante algunos minutos y se habrían mencionado gestiones para conseguir la intervención de un especialista en gastroenterología.
Sin embargo, el entorno aseguró que posteriormente se produjo el ingreso de efectivos policiales, quienes -según dijeron- redujeron a la mujer, le retiraron las cadenas y la trasladaron en ambulancia. En ese punto, sostuvieron que fue esposada y colocada en una camilla, lo que describieron como un trato “como una bolsa de papas”.
De acuerdo a esta versión, inicialmente se les informó que P.C. sería trasladada al Hospital Marcial Quiroga para un control médico y que podría retirarse posteriormente. No obstante, afirmaron que al llegar al hospital la mujer manifestó que la intervención policial se habría producido en condiciones distintas a las que les habían comunicado previamente.
Familiares señalaron que P.C. permaneció en el Hospital Marcial Quiroga hasta aproximadamente las 23 horas, donde -según indicaron- fue evaluada por profesionales de salud. También mencionaron que se habría planteado la posibilidad de una evaluación psiquiátrica, aunque no había especialistas disponibles en ese momento, dijeron.
Finalmente, indicaron que decidieron retirarse del hospital de manera voluntaria y que al día siguiente realizaron consultas con profesionales de salud mental. Asimismo, expresaron que no habrían recibido información oficial posterior sobre actuaciones judiciales o médicas vinculadas al caso.
