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Tribunales

Crece el interés por los expedientes que cajoneó un empleado judicial

Son más de 300, la mayoría ejecuciones fiscales. La Fiscalía de Estado mandará analizar a su tropa de abogados si hubo algún perjuicio para la Provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan 27 de octubre de 2021 - 22:51

No pasó inadvertido el cajoneo de 300 causas por parte de un empleado judicial de la Oficina de Gestión Asociada. Es que gran parte de los expedientes son ejecuciones fiscales. Por esta razón, desde Fiscalía de Estado informaron que les pedirán a los abogados que trabajan para la institución que verifiquen si las causas cajoneadas expedientes que trababan embargos o pedidos de embargos, lo que implicaría un perjuicio para la Provincia.

Se supo que se abrieron al menos siete sumarios administrativos para averiguar por qué el trabajador de la Justicia cajoneó estos expedientes. Si bien se informó que la mayor parte de las causas judiciales son ejecuciones fiscales, no se dio a conocer cuáles son las causas y en qué estado estaban. Tampoco hay información sobre cuál fue el motivo que llevó al empleado a esconder los expedientes. Develar la razón del ocultamiento va a ser clave para la investigación. 

En Fiscalía de Estado se mostraron preocupados y es por esta razón que les solicitarán a los abogados de la dependencia que averigüen de qué ejecuciones fiscales se trata y si se generó un perjuicio a las arcas públicas. Son aproximadamente 300.000 las causas por deudas fiscales que tramitan.

“Investigaremos si hubo un obstáculo para cobrar las ejecuciones fiscales”, indicaron desde la dependencia. Las fuentes de la Fiscalía mostraron cierto descontento porque desde el Poder Judicial no les informaron nada y se enteraron por los medios de la situación, que podría generar un perjuicio provincial.  

El responsable de la oficina que gestiona a los Juzgados de Paz habría descubierto la irregularidad y denunció ante las autoridades judiciales el incidente, lo que dio inicio a la investigación interna, aunque el implicado no habría sido separado de su cargo. Es que, en teoría, el cumplimiento de sus funciones no afectaría a la investigación.

El trabajador que quedó en la mira, cuya identidad no trascendió, habría reconocido la situación, incluso había redactado una nota pidiendo disculpas por el hecho.

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